Felipe Schwember y Valentina Verbal, Democracia, libertad y crisis política en Chile

Una réplica a Rodrigo Karmy

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El siguiente artículo constituye una réplica al ensayo «Liberales a la defensiva» publicado por Rodrigo Karmy el día 28 de diciembre de 2020 en Revista Disenso. La revista no comparte los presupuestos ni los derroteros de esta réplica, sin embargo, la hacemos pública con el único propósito de dejar a la vista su problemática textualidad, de tal manera de abastecer materiales para el ejercicio crítico

Dirección editorial, Revista Disenso

1. Reaccionar no es retroceder: el sentido de nuestra defensa

El 28 de diciembre de 2020, el profesor Rodrigo Karmy tuvo la gentileza de comentar en esta misma revista nuestro libro El octubre chileno, publicado unos pocos meses antes, casi al cumplirse el primer aniversario del estallido que había tenido lugar el año precedente1Benjamín Ugalde, Felipe Schwember y Valentina Verbal, El octubre chileno. Reflexiones sobre democracia y libertad (Santiago: Ediciones Democracia y Libertad, 2020).. Con bastante retraso de nuestra parte, no solo agradecemos este comentario, sino que además nos disponemos a responderlo. Ciertamente, esta réplica debería haber acontecido hace mucho tiempo antes, pero diversos compromisos —entre los que se cuenta un segundo libro—2Felipe Schwember, Valentina Verbal y Benjamín Ugalde, La Constitución en disputa. Miradas sobre el debate constitucional chileno (Santiago: Ediciones Democracia y Libertad, 2021). hicieron que se retrasara hasta ahora. Sin embargo, creemos que esta puede ser una buena oportunidad, no solo para responder el comentario de Karmy, sino también para profundizar en nuestra visión de la democracia y de la libertad a la luz de la crisis política que enfrenta Chile desde el 18 de octubre de 2019. Esto último es importante dado que hoy, una vez concluido el proceso constituyente de 2021-2022, tanto la democracia liberal como la economía de libre mercado han sido puestas en entredicho, tanto por intelectuales de izquierdas —incluyendo al propio Karmy— como por los propios convencionales constituyentes que han apoyado el texto aprobado por la Convención Constitucional (CC)3El mismo día en que comenzamos a escribir esta respuesta (4 de julio de 2022), tuvo lugar la ceremonia de cierre de la CC en la cual la mesa directiva de la misma le hizo entrega al presidente de la República, Gabriel Boric, de la propuesta constitucional que debe someterse a la deliberación popular en el plebiscito de salida (4 de septiembre de 2022). Valga, además, aclarar que este texto lo terminamos de escribir el 3 de agosto de 2022, a casi un mes del plebiscito ratificatorio..

El comentario de Karmy lleva por título “Liberales a la defensiva”. Valoramos, en primer lugar, que nos llame por el nombre que nosotros mismos nos damos, es decir, como “liberales”. En segundo lugar, deseamos en esta primera sección explicar por qué hablamos en El octubre chileno de la necesidad de defender la democracia y la libertad. Esto no es irrelevante, dado que el profesor Karmy presenta esta defensa —y probablemente cualquier defensa que se haga ahora mismo en el país— como una simple reacción extemporánea y, sobre todo, desesperada. En efecto, Karmy sostiene que nuestro libro “deja entrever una suerte de asedio al liberalismo que dispone a un tono de ‘defensa’ del liberalismo que parece estar más preocupado de ‘condenar’ la violencia que de pensarla efectivamente; más obsesionado con las fantasmagorías del ‘colectivo’ que por proponer una vía propiamente política”4Énfasis en el original.. Y más abajo se sorprende de que nos ocupemos en llevar a cabo “una ‘defensa’ antes que [a] la tarea de pensar el por qué se ha llegado al momento en que ese mismo grupo de intelectuales [los editores y autores de El octubre chileno] se plantea la tarea de ‘defender’ dichos valores”. El momento al que se refiere Karmy es el estallido social del 18 de octubre de 2019, que es justamente la materia de estudio de nuestro libro.

Estas críticas no carecen de verosimilitud, pero difícilmente pueden tener el alcance que el profesor Karmy parece atribuirles: él parece suponer que la revolución de octubre es un hecho consumado, es decir, que con ella queda definitivamente sepultado el modelo neoliberal vigente en Chile durante los últimos 30 o 40 años. Sin embargo, los acontecimientos desencadenados a partir de ese hito no tienen aún un desenlace claro e inequívoco. En ese sentido, una defensa puede ser vehemente (y no simplemente “desesperada”, pues es una defensa discursiva y racional) pero no, todavía, extemporánea. Por lo demás, el liberalismo ha sido desahuciado muchas veces prematuramente. La razón de su persistencia radica en que sus instituciones se muestran como necesarias para la convivencia política en sociedades que carecen de cosmovisiones o “doctrinas comprehensivas” compartidas, por emplear la célebre expresión de John Rawls. La persistencia del liberalismo se explica, dicho de otro modo, porque ofrece las condiciones que permiten conjugar la igualdad política y la libertad civil, bajo un sistema democrático con Estado de derecho y alternancia efectiva en el poder de los diferentes actores políticos. En este sentido, quizás valga la pena recordar los desengaños que diferentes sociedades sufrieron como consecuencia de sus experiencias con sistemas políticos declarada y derechamente antiliberales. 

Podría decirse que nuestro libro —o algunos de sus capítulos— sí tiene un tono desesperado, además, en el siguiente sentido: podría afirmarse que se presupone en él —o en alguno de sus capítulos, al menos— la ilegitimidad de la revolución de octubre. La respuesta a esa pregunta pasa, a su vez, por la respuesta de si acaso vivíamos, para cuando dicha revolución tuvo lugar, bajo un régimen democrático o no. Debido a que volveremos sobre este punto en la tercera sección de este texto, digamos ahora solamente que no hay lugar a la revolución allí donde hay un régimen democrático, con separación de poderes, Estado de derecho y alternancia efectiva en el poder, sean cuales sean los demás defectos del sistema político. Precisamente, son estas reglas democráticas (entre otras) las que un importante sector de la izquierda chilena parece haber abandonado desde hace varios años ya, pero de un modo patente a propósito del 18-O.

Más allá de lo anterior, creemos que nuestro libro no se propone únicamente realizar una defensa de la democracia liberal y de la economía de libre mercado. También busca problematizar las interpretaciones hegemónicas que, durante los primeros meses después del estallido social, ocuparon muchas páginas, tanto de la prensa como de los diversos libros que aparecieron en ese periodo. Si bien a este tema dedicaremos la siguiente sección, por ahora digamos que nos parecen simplistas aquellos diagnósticos que centran la cuestión en un rechazo masivo del “pueblo” —entendido este como una fusión orgánica— al llamado “modelo neoliberal”. ¿Qué entendemos por “pueblo”? ¿Qué es el “neoliberalismo”? Se trata de preguntas que la intelectualidad de izquierda no suele responder con demasiada sutileza, por lo que se trata de conceptos que es necesario discutir en mayor profundidad.

Pero antes de entrar en ello, puede ser importante señalar algo evidente: no necesariamente la defensa de principios o de instituciones puede ser calificada de “reaccionaria”. El carácter reaccionario (o conservador) de algún proceso histórico o respuesta política no cabe reducirlo al mero acto de resistir un determinado cambio. ¿Acaso la izquierda política en Chile no resistió —en la medida de sus posibilidades, obviamente— la dictadura militar de 1973-1990, que Mario Góngora califica como una “revolución desde arriba”?5Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción del Estado en Chile en los siglos XIX y XX (Santiago: Editorial La Ciudad, 1981). O, por otra parte, ¿no cabría entenderse como “reaccionaria” la oposición que, durante varias décadas, diversos intelectuales y políticos de izquierdas han realizado precisamente al modelo neoliberal?

Por lo demás, y si atendemos a las dos grandes ideologías de la modernidad occidental, tanto liberales como socialistas —con distintos grados y matices— han sido autores y protagonistas de diversas revoluciones. Y aunque sea cierto que, en el siglo XX, el liberalismo aparezca como reaccionario o cercano al conservadurismo —por, entre otras cosas, aliarse a los conservadores en contra del socialismo emergente— no puede tan fácilmente descartarse el carácter revolucionario y emancipatorio que ha poseído, tanto desde un punto de vista político como económico. 

El historiador franco-español François Xavier Guerra argumenta que las independencias hispanoamericanas tuvieron un carácter revolucionario precisamente por basarse en un ideario liberal. Lo que él llama “modernidad alternativa” (en contraposición a la “modernidad absolutista”) supone la idea de “un hombre individual, desgajado de los vínculos de la antigua sociedad estamental y corporativa”6François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas (Madrid: Ediciones Encuentro, 2009), 28.. En otras palabras, para Guerra, la “modernidad [alternativa o liberal] es ante todo la ‘invención’ del individuo”, quien se convierte en “‘sujeto normativo de las instituciones’ y de los valores”7Guerra, Modernidad e independencias, 113.. Evidentemente, el carácter revolucionario del liberalismo de los siglos XVIII y XIX —si también incluimos a las revoluciones americana y francesa— surgió como una reacción frente al absolutismo y a la sociedad estamental. Pero no se trata de una reacción sin más, sino de una que apunta a producir cambios estructurales, es decir, revolucionarios. La democracia, como así de un modo ejemplar lo atestigua el caso estadounidense, terminó siendo un desiderátum de las sociedades occidentales, incluyendo a los países latinoamericanos. Esto, ciertamente, no implica que se haya tratado de un camino ascendente, sin retrocesos. La misma crisis que hoy enfrenta Chile da cuenta de la fragilidad a la que constantemente se ve sometida la democracia occidental, incluyendo el caso de los Estados Unidos a propósito del gobierno de Donald Trump8Ver Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, Cómo mueren las democracias (Barcelona: Ariel, 2018). Volveremos sobre esta obra más abajo, en la tercera sección..

Por lo demás, ¿podría realmente afirmarse que el neoliberalismo del siglo XX se trató de una doctrina reaccionaria por oponerse, primero a los totalitarismos fascista y comunista y, luego, al keynesianismo? ¿Fueron los pensadores neoliberales de la centuria pasada simplemente defensores del statu quo? Parece difícil sostener algo semejante si consideramos toda la tinta derramada en contra de él por una gran cantidad de intelectuales de izquierdas. Por lo demás, el prefijo “neo” del neoliberalismo refleja precisamente el intento consciente de un conjunto de filósofos, economistas, sociólogos, etcétera, por renovar el liberalismo frente a los cambios sociales y culturales propiciados por el mismo capitalismo durante el siglo XIX. En ese sentido, el neoliberalismo procuró conscientemente ofrecer un modelo social alternativo al propuesto por otros movimientos políticos y crear, así, un nuevo statu quo.

Pero las cosas son todavía más difíciles. La propuesta neoliberal —que tampoco es uniforme y tiene, por el contrario, muchas variantes— se encuentra hoy en crisis, no solo en Chile, sino en el mundo en general. Pero es una crisis peculiar, puesto que sus detractores no tienen ni cuentan —y así lo confiesan— con un modelo alternativo que no resulte, a fin de cuentas, liberticida. La ausencia de utopías políticas en el sentido propio de la palabra es una prueba de ello. Y la propuesta de, como mucho, microutopías, de “resistencias” locales aquí y allá, bajo el paraguas de una sociedad que todavía sigue siendo capitalista lo confirma. El que los modelos alternativos, los otros modelos, que no caen finalmente bajo formas de socialdemocracia (el uso indiscriminado del término neoliberalismo tiene, pues, sus costos), como el ecofeminismo o el decrecimiento, tengan que ser introducidos por medio de estoicos ejercicios de consolación, sazonados con importantes dosis de alarma (que puede estar incluso justificada), es otra prueba de ello (el malthusianismo puede convencer mediante el recurso del miedo, no por el alborozo que acompaña al entusiasmo)9Carlos Taibo, Decrecimiento. Una propuesta razonada (Madrid: Alianza editorial, 2021)..

Pero ¿es el neoliberalismo simplemente una defensa del statu quo del Chile pre-estallido? El neoliberalismo defiende, en lo esencial, el conjunto de instituciones que permiten la libertad de todos y cada uno de los miembros de la sociedad. No hay un modelo de sociedad que se siga inequívocamente de ello, más allá del hecho de que la sociedad neoliberal es plural10Robert Nozick, Anarquía, Estado y Utopía (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1988).. Por eso la utopía neoliberal es una utopía abierta o, si se quiere, inacabada: no se sabe cómo acaba ni en qué, pues sus ciudadanos siempre pueden adoptar modos de vida diferentes, mientras permitan a los demás hacer lo propio. Las instituciones del Chile de la postdictadura se acercaron progresivamente en esa dirección. Son esas instituciones —entre las que se cuenta la subsidiariedad— las que deben preservarse, no con vistas a alcanzar un cierto resultado que se estima deseable, sino porque su sola existencia, que permite diferentes formas de vida y distintos tipos de comunidades, es de suyo deseable.

2. “Diagnosticando” el 18-O: más allá del simplismo original

Rodrigo Karmy sostiene que El octubre chileno —en particular, los capítulos escritos por sus editores— no logra explicar el origen del estallido social. Sostiene que, por ejemplo, el capítulo de Valentina Verbal —“El hundimiento”— “experimenta su propio hundimiento en el instante en que intenta pensar lo que repetida y obsesivamente llama ‘violencia’: significante que circula en este y en la mayoría de los ensayos y que frecuentemente no es pensada, sino simplemente ‘condenada’”11Volveremos sobre el planteamiento de Verbal en la tercera sección de esta réplica.. Para el profesor Karmy la regla democrática que sostiene la necesidad de condenar la violencia no sería más que un ejercicio inútil, porque no permitiría explicar la causa de la misma. Además, parece mirar con un cierto desdén nuestro cuestionamiento a la idea organicista de “pueblo”, que supuestamente se habría levantado (o “despertado”) el 18-O.

Pese al carácter prematuro de nuestro libro, que comenzó a escribirse a fines de 2019, creemos que el tiempo nos ha dado la razón en cuanto al carácter simplista de las explicaciones hegemónicas que tuvieron lugar los días y semanas posteriores a la revolución de octubre. Más allá de los diversos matices que pudiesen constatarse, la mayoría de esas explicaciones —que se expresaron tanto en los medios de comunicación como a través de una gran cantidad de libros— sostuvo que el pueblo se rebeló contra el modelo neoliberal, calificado insistentemente de injusto y abusivo. De hecho, todavía hoy los constituyentes que apoyan la propuesta constitucional de 2022 subrayan que este texto apuntaría a superar la “constitución neoliberal” o la “constitución de los abusos”. ¿Pero realmente la mayoría de los chilenos aspira a superar el neoliberalismo? 

Probablemente sí, si entendemos por tal la existencia de políticas sociales focalizadas en los más necesitados en vistas, principalmente, a la superación de la pobreza. Pero no resulta tan claro, como veremos en la última sección de esta réplica, de que la mayoría de los chilenos desee, por ejemplo, someterse a un régimen único de salud, perdiendo de este modo la facultad de recibir atención en servicios de carácter privado. Por eso es que, pensamos, lleva la razón Benjamín Ugalde cuando sostiene que constituye una visión simplista la aproximación colectivista a los fenómenos sociales y políticos según la cual se concibe a “las entidades colectivas como realidades que pueden ser estudiadas de modo directo”, sin la mediación de los individuos y de la complejidad de puntos de vista que ellos expresan12Benjamín Ugalde, “Análisis sociológico y discurso político. Algunos problemas epistemológicos en la comprensión del octubre chileno”, en Benjamín Ugalde, Felipe Schwember y Valentina Verbal, El octubre chileno. Reflexiones sobre democracia y libertad (Santiago: Ediciones Democracia y Libertad, 2020), 88..

Además, y como el mismo Ugalde añade, las explicaciones hegemónicas arriba mencionadas han caído en lo que puede calificarse como un “reduccionismo de la causalidad”, esto es, “una comprensión sencilla, rápida e intuitiva, muy propia de las interpretaciones sustancialistas de los fenómenos sociales”; y que, en el caso que nos ocupa, sitúa una gran cantidad de males sociales en el neoliberalismo. “Este, en efecto, sería la monocausa que produce un sinfín de males sociales como la desigualdad, la pobreza, el hambre, etc.”13Ugalde, “Análisis sociológico y discurso político”, 97.. Sin embargo, y como argumentaremos con mayor detención en la siguiente sección, la crisis política que el país enfrenta desde el 18-O no cabe subsumirse en una sola causa o en una excluyente categoría de análisis. Además de un cierto cuestionamiento al modelo económico —que parece suponer un perfeccionamiento más que una superación—, también es necesario considerar algo que se viene dando en el país desde mucho antes del 18-O: la idea de cierta izquierda, representada especialmente en el Partido Comunista (PC) y en el Frente Amplio (FA), de superar la democracia liberal o representativa14Usamos, en esta réplica, ambos términos como sinónimos.. Aunque a este punto nos referiremos en la próxima sección, no deja de resultar sorprendente que Karmy minimice nuestra preocupación —y defensa, valga insistir— de la democracia liberal y de las instituciones sobre las cuales esta se levanta.

Por ejemplo, Karmy intenta problematizar el planteamiento de Francisca Dussaillant, quien defiende la idea de que las crisis políticas —como la que experimentó Chile el 18 de octubre de 2019— pueden, en no poca medida, explicarse por defectos o problemas en el diseño institucional15Francisca Dussaillant, “¿Chile frágil? Propuestas para reducir el riesgo de grandes crisis”, en Benjamín Ugalde, Felipe Schwember y Valentina Verbal, El octubre chileno. Reflexiones sobre democracia y libertad (Santiago: Ediciones Democracia y Libertad, 2020), 109-133.. En concreto, Karmy cuestiona el hecho de que Dussaillant acuda al término “riesgo” para explicar la fragilidad de las democracias, ya que, de esta manera, estaría ella defendiendo la “conservación del orden” o “el control de las transformaciones que se pretenden llevar a cabo”.

Pero, aunque Dussaillant entrega una explicación compleja del 18-O con vistas a proponer algunas reglas de carácter institucional que ayudarían a prevenir nuevos estallidos sociales, para Karmy —otra vez— un ejercicio como este sería meramente reaccionario o mantenedor del statu quo. Pareciera que, para nuestro interlocutor, todo lo que no apunte a la superación del neoliberalismo y de la democracia liberal caería bajo esta caracterización unilateral y en exceso simplista. ¿Acaso no le resultaría preocupante a Karmy que, por ejemplo, la validación de la violencia pueda, eventualmente, conducir en el futuro a nuevos estallidos sociales, pero ya no apoyados y legitimados por la extrema izquierda (el PC y el FA), sino ahora impulsados y justificados por la extrema derecha (el Partido Republicano)? Seguramente, esto último le preocuparía sobremanera a Karmy. Pero se trataría, en su caso, de una preocupación meramente partisana, para usar un término hoy en boga, ya que para él no parece ser la democracia un conjunto de reglas del juego de carácter recíproco —un modus vivendi en favor de todas las fuerzas políticas—, sino más bien una herramienta a favor de un determinado sector político: la izquierda antineoliberal.

Pero, más allá del problema partidista, la crítica de Karmy es absurda en la medida en que, de tomarse en serio, obliga a los sistemas políticos a renunciar a los mecanismos institucionales para enfrentar las crisis. “Revolución o nada” sería el falso dilema a que quedarían entregados en tal caso. Pero esta disyuntiva es absurda y revela una fetichización de la revolución. Lo razonable es que los sistemas políticos contemplen mecanismos para gestionar las diferencias y conflictos políticos, incluso sus emergencias y crisis, dentro de la institucionalidad en la que se sostienen, pues de lo contrario la política se convierte para las partes en un juego se suma cero. Y todo ello sin perjuicio de que, en efecto, en sistemas políticos autoritarios, sin discusión política abierta, alternancia en el poder, sistema de partidos, etcétera, como, por ejemplo, en Cuba u otras dictaduras comunistas, sean legítimas las revoluciones. Adviértase, por otra parte, que el fetiche de la revolución puede de hecho conducir a los actores políticos a adoptar posturas antidemocráticas, pues si no hacen ellos la revolución, la revolución les será hecha a ellos cuando gobiernen. Esa fetichización podría explicar, por otra parte, la difícil relación que con la democracia tienen los partidos comunistas (o similares) de todas partes del mundo.

Una crítica similar a la que dirige a Dussaillant, dirige Karmy también en su comentario al ensayo de Felipe Schwember, intitulado “El eterno retorno de la violencia”16Felipe Schwember, “El eterno retorno de la violencia. Las injusticias históricas y el estallido de octubre”, en Benjamín Ugalde, Felipe Schwember y Valentina Verbal, El octubre chileno. Reflexiones sobre democracia y libertad (Santiago: Ediciones Democracia y Libertad, 2020), 137-165.. Dice Karmy que, pese a que Schwember “trata de pensar la voz de las protestas dilucidando las ‘representaciones’ presentes en ellas, el problema es que toda la reflexión la dirige al mismo lugar al que todos los demás autores parecen dirigir su reflexión: la ‘moral’ que condena a la violencia”. Más concretamente, y a propósito de un rayado que rezaba “mientras exista miseria habrá rebelión”, Karmy comenta: “Pero ¿por qué Schwember lee ‘miseria’ bajo el término formal y economicista de ‘pobreza’? Y, acto seguido: ¿por qué subraya la diferencia entre “pobreza” y “desigualdad”? Como si inmediatamente quisiera corregir al grafiti, Schwember parece abstraer la intensidad epifánica de la revuelta en un formal plano de representación”. Como se puede apreciar en esta crítica, pese a la reticencia que le produce el discurso teológico, Karmy no tiene empacho en recurrir a él para interpretar la “revuelta”. Interpretación que, dicho sea de paso, introduce también una epistéme y una calificación moral de aquello que se interpreta: ¿cuál es la verdad que se revela en la epifanía de la revuelta? Esa revelación ¿constituye la medida de qué cosa exactamente? ¿Tuvo lugar una revelación semejante para, por ejemplo, la Kristallnacht de 1938? Pese a la pretendida asepsia moral que pretende Karmy —y que llegado un punto resulta absurda en una discusión política— la afirmación de qué constituya o no una epifanía depende de una toma de posición moral previa respecto de aquello que se considera como tal. Puesto que Karmy considera como justo, bueno y verdadero intentar ¿derrocar?, ¿desestabilizar? un régimen democrático como el vigente en Chile en 2019, entonces le parece una “epifanía” todo lo que entonces ocurrió. Si la epifanía revela una verdad “neutra” —en cuyo caso cabría hablar, por ejemplo, de la epifanía que se revela en el bombardeo a la Moneda el 11 de septiembre de 1973— entonces no en ella habría nada revelador ni iluminador. Consistiría en una mera descripción, en el mejor caso muy aguda de los hechos. O sea, en realidad no habría epifanía alguna.

Si aplicamos la metodología del propio Karmy, podríamos suponer que recurre otra vez al discurso teológico cuando critica a Schwember por dar al término “miseria” un sentido “economicista” al interpretarlo como “pobreza”. Pero, dejemos a un lado los vetos de Karmy a las palabras de origen teológico, lo que a fin de cuentas no es probablemente más que un falso problema en el que él se enreda continuamente. Concentrémonos en esto otro: ¿de dónde saca él que la pobreza es un asunto o problema puramente material? Por lo demás, aun cuando el Estado, por medio de sus políticas públicas, solo pudiera combatir directamente la pobreza material, no estaría, sin embargo, combatiendo únicamente esa forma de pobreza: al erradicar la pobreza material se erradica también, indirectamente, la pobreza espiritual asociada a ella. Pero, en cualquier caso, y desde un punto de vista estratégico, Karmy hace bien en tratar de llamar la atención sobre aspectos no “economicistas” del concepto de pobreza, pues de permanecer únicamente en ellos no tendría ninguna posibilidad de convencer. En su capítulo Schwember toca indirectamente este punto cuando se refiere a cómo Gabriel Salazar intenta elaborar un concepto ad hoc de pobreza, de modo de poder tener un punto contra el neoliberalismo. El intento desesperado por subrayar, no solo el aspecto material, sino también espiritual del concepto de pobreza, es un reconocimiento tácito e involuntario del éxito del neoliberalismo en esta materia. Éxito del que, dicho sea de paso, no puede preciarse ninguna forma de socialismo ni, mucho menos aún, el comunismo. Al contrario, la miseria material y moral creada por este último es de sobra conocida.

3. La democracia y el rechazo a la violencia: las reglas sí importan

Aunque esto ya ha sido mencionado, el comentario de Rodrigo Karmy a El octubre chileno deja entrever la idea de que sería irrelevante defender la democracia liberal y que esto, más bien, supondría una reacción en favor de la conservación del orden neoliberal. Al comentar el ensayo de Valentina Verbal, intitulado “El hundimiento”, Karmy se expresa sorprendido por la preocupación de la autora en torno al corporativismo que, según ella, viene caracterizando a la izquierda en Chile desde hace varios ya17Valentina Verbal, “El hundimiento. La derecha chilena frente a la crisis de octubre”, en Benjamín Ugalde, Felipe Schwember y Valentina Verbal, El octubre chileno. Reflexiones sobre democracia y libertad (Santiago: Ediciones Democracia y Libertad, 2020), 45-74.. Pero, ¿acaso no ha sido esta visión de la democracia, basada en grupos de interés más que en visiones generales de país, la que no solo ha primado en la izquierda chilena, sino que además ha sido fomentada por ella misma? ¿No es esto lo que ha ocurrido con la CC que, más que representar a grandes sectores ideológicos —como el liberalismo o el socialismo, entre otros— han hecho lo propio con identidades particulares, como los pueblos indígenas? Y no ya, valga aclarar, para reconocerlas y garantizarles los mismos derechos —cuestión con la que nosotros estamos de acuerdo—, sino para, por el contrario, otorgarles estatutos especiales de carácter estamental.  No se trata, en consecuencia, del falso dilema que plantea Karmy “¿por qué toda vida común atentaría contra las libertades individuales?”; el problema no es la vida en común, sino la representación corporativa (y forzosa) que se quiere introducir en el sistema político.

En consecuencia, la preocupación de Verbal por el espíritu identitario y corporativista que animó a la izquierda después del 18-O se ha visto refrendada por la CC y, sobre todo, por el texto que será plebiscitado el 4 de septiembre próximo. Como diversos analistas han puesto sobre el tapete, la llamada “plurinacionalidad” no solo implica en la propuesta constitucional el reconocimiento de diversas naciones al interior del Estado chileno —lo que incluso, de suyo, resulta discutible—, sino sobre todo la concesión de derechos especiales o diferenciados que, más que apuntar a igualar a los grupos desaventajados con los aventajados —como, por ejemplo, puede ser el caso del matrimonio igualitario en favor de las parejas del mismo sexo—, busca establecer diferencias odiosas entre los habitantes de la sociedad chilena. Por ejemplo, el artículo 191 inciso 2° de la propuesta constitucional dispone que los “pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución”. Además, y al igual que para la formación de la CC, se establecen escaños reservados en favor de los pueblos indígenas, pero ni siquiera —como ocurre en otros países, como Nueva Zelanda— atendiendo al porcentaje de votantes efectivos, sino a la población total que se autoidentifica como indígena (ver el artículo 262 inciso 3°).

Pero más allá de lo anterior, que demuestra patentemente la deriva corporativista de la izquierda chilena, resulta importante señalar que el respeto a las reglas de la democracia no debería suponer una mera opción de un sector ideológico en contra de otro, sino que, por el contrario, un marco común que permita que todas las fuerzas políticas puedan convivir pacíficamente y, sobre todo, alternarse en el ejercicio del poder. El problema es que, además del identitarismo corporativista ya referido, la izquierda chilena viene desde hace varios años ya, pero de un modo muy marcado desde el 18-O, no solo incumpliendo las reglas más básicas de la democracia, sino sobre todo rechazándolas explícitamente. Parece ser también el caso de Rodrigo Karmy cuando cuestiona la necesidad de condenar la violencia.

A través de un mecanismo de sobreinterpretación, nuestro interlocutor señala que: “‘Condenar’ (o ‘salvar’) no es pensar sino hacer teología”. Y luego agrega que, al condenar la violencia, o al señalar la necesidad de hacerlo, se estaría confundiendo juicio con pensamiento. Precisamente, la sobreinterpretación de Karmy consiste en asociar ipso facto el verbo condenar con un sentido religioso cuando realmente, para el caso que nos ocupa —la revolución de octubre— se le entiende claramente de una manera secular y no religiosa.  Y ello sin perjuicio de que la disyuntiva de Karmy es falaz. Las condenas o absoluciones pueden ser argumentadas o no. Él mismo condena que se condene y ofrece argumentos para ello; malos argumentos, como salta a la vista.

En el fondo, Karmy pretende suspender el ejercicio de la razón práctica apelando a un mal argumento, pues confunde la invocación a la autoridad en sede teológica con la argumentación práctico-moral en sede filosófica. El hecho de que el mismo Karmy ofrezca argumentos filosóficos contra el neoliberalismo es una prueba de que su posición es autorrefutatoria. Desestimemos, entonces, la argumentación de Karmy —su condena de nuestra condena— como irrelevante e improcedente.

Lo que queremos subrayar aquí es que la idea de que es necesario condenar la violencia o rechazarla sin ambigüedades ha sido profusamente planteada por aquellos autores que han estudiado a fondo las causas que provocan los quiebres democráticos. Es el caso, por ejemplo, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, los autores de Cómo mueren las democracias, escrito a propósito del ascenso al poder de Donald Trump en los Estados Unidos. Dicen estos autores que las democracias se encuentran en peligro cuando los actores políticos dejan de cumplir cuatro grandes reglas democráticas fundamentales: a) el respeto a las reglas del juego, b) la legitimidad de los adversarios políticos, c) la condena a la violencia con fines políticos, y d) el poco aprecio a las libertades civiles o la valoración de regímenes autoritarios. Para la tercera regla, Levitsky y Ziblatt no dudan en usar el verbo condenar. De hecho, señalan que, para evaluar el cumplimiento (o no) de esta regla, cabe preguntarse lo siguiente: “¿Han apoyado [los actores políticos] de manera tácita la violencia de sus partidarios, negándose a condenarla y penalizarla sin ambigüedades?”18Levitsky y Ziblatt, Cómo mueren las democracias, 34. Énfasis añadido..

Como sostiene Verbal en otro trabajo, intitulado “La democracia en entredicho”, la crisis política generada en el país a partir de la revolución de octubre puede entenderse —además de otras aproximaciones— como un proceso de deslegitimación de la democracia liberal o representativa, precisamente por el hecho de que un importante sector de la izquierda chilena —especialmente liderado por el PC y el FA— ha dejado de cumplir las cuatro reglas indicadas en el párrafo precedente. De hecho, en este mismo trabajo se refiere la postura de Rodrigo Karmy frente a la violencia del 18 de octubre y de las semanas posteriores19Valentina Verbal, “La democracia en entredicho”, en Felipe Schwember, Valentina Verbal y Benjamín Ugalde, La Constitución en disputa. Miradas sobre el debate constitucional chileno (Santiago: Ediciones Democracia y Libertad, 2021), 57-89.. Como ahí se señala, en su libro El porvenir se hereda Rodrigo Karmy no solo no rechaza la violencia, o ni siquiera la justifica a partir de una supuesta “violencia estructural” —cuestión que se aprecia en varios otros intelectuales—, sino que, sobre todo, la celebra, incurriendo en lo que Hannah Arendt llama “glorificación de la violencia”20Hannah Arendt, Sobre la violencia (Madrid: Alianza Editorial, 2006 [1969]),32.. Señala Karmy, desde una concepción organicista del pueblo, que el “pueblo ganó el congelamiento del alza del pasaje, volvió a las calles y erotizó a un país entero, desacoplando, en parte, la superficie de los cuerpos de la captura capilar del poder”. Y, románticamente, en otro pasaje indica que la intempestividad de la revuelta “abre un lugar que no tenía lugar, una voz que no tenía escucha, un nuevo lugar de enunciación en el que resuena, crudo, sudoroso y eterno, la ingobernabilidad de un pueblo”21Rodrigo Karmy, El porvenir se hereda. Fragmentos de un Chile sublevado (Santiago: Sangría, 2019), 28-29..

Por todo lo dicho, no parece plausible considerar que el cumplimiento de las reglas de la democracia sea una cuestión irrelevante, o un mero juicio que afectaría el pensamiento o la comprensión de los hechos o acontecimientos. Por supuesto, como ya vimos en la sección precedente, ellos pueden ser explicados desde diferentes puntos de vista o categorías de análisis, pero otra cosa distinta es justificar las diversas formas de comportamiento antidemocrático o, muchas veces para el caso de quienes ejercen la violencia en las calles, las conductas que abiertamente son contrarias al Estado de derecho.

De todo lo anterior puede, sin gran dificultad colegirse, que nuestra defensa de la democracia liberal o representativa no es una mera reacción, sino también una explicación de lo que Chile ha vivido en los últimos años, especialmente a partir del 18-O. Esta apunta, como hemos dicho, al ascenso de una concepción alternativa de democracia, tendencialmente asamblearia y corporativa, que resulta incompatible con la democracia representativa ¿Por qué? Porque, a diferencia de esta última, entiende la democracia exclusivamente como un mecanismo de decisión entre de grupos cuyos intereses se hallan necesariamente encontrados y en el que, por tanto, cualquier decisión termina en la derrota de uno de los actores políticos. La democracia es, según esta concepción, apenas un sustituto —cuando no un preámbulo— del enfrentamiento directo. Bajo esta concepción resulta imposible arribar a una concepción de “bien común” o de “voluntad general” que resulte verdaderamente universal y que no sea más que la representación de una facción o partido al interior de la sociedad. Por esta concepción de democracia, así como de la concepción “sustantiva” del bien común que le subyace, la política se convierte en un juego de suma cero: o ganan unos o ganan otros, pero nunca ganan todos. La denostada democracia formal y representativa, en cambio, que reivindica, además de la decisión, la deliberación, permite morigerar la discusión y huir de los extremos, de modo de aunar posición y avenir a los actores políticos a decisiones que les resulten satisfactorias a todos. Asimismo, al procurar la representación —no de intereses corporativos, sino de ideas y proyectos generales acerca de la sociedad— la democracia representativa evita que los intereses corporativos se impongan por sobre los intereses generales. La libre competencia de un sistema de mercado, dicho sea de paso, es uno de los mecanismos más importantes de las democracias liberales para lograr ese resultado.

Finalmente, hemos insistido en la importancia del Estado de derecho. Es crucial enfatizar esa importancia frente al ensalzamiento del presunto erotismo de la violencia. No hay tal cosa como una violencia erótica contra un sistema democrático con Estado de derecho y alternancia efectiva en el poder. Por lo mismo, la relativización o, incluso, el rechazo desembozado al Estado de derecho, con la consiguiente validación de la violencia como instrumento político, debería ser señalados como lo que es: una irresponsabilidad que no debería tolerarse ni aplaudirse, sino legítimamente condenarse sin ambigüedades de ningún tipo.

4. ¿Del Estado subsidiario al Estado social? El diablo está en los detalles

Al comentar el ensayo de Carlos Newland y Emilio Ocampo, intitulado “La crisis chilena de 2019 desde una perspectiva argentina”, Rodrigo Karmy parece concordar con los autores en cuanto a que Chile, efectivamente, poseería una “mentalidad anticapitalista” que resultaría contradictoria con la existencia de un sistema económico de libre mercado. Sostienen Newland y Ocampo que una “divergencia que, a nuestro juicio, ha contribuido a la crisis en Chile es la incongruencia que existe entre su sistema económico basado en una economía de mercado y la mentalidad anticapitalista predominante”22Carlos Newland y Emilio Ocampo, “La crisis chilena de 2019 desde una perspectiva argentina”, en Benjamín Ugalde, Felipe Schwember y Valentina Verbal, El octubre chileno. Reflexiones sobre democracia y libertad (Santiago: Ediciones Democracia y Libertad, 2020), 284.. Dado que los autores cuestionan el papel de la derecha chilena —en particular, de Sebastián Piñera— por no haber cerrado la brecha entre ambos elementos, el profesor Karmy se permite cuestionar el carácter aristocratizante del liberalismo latinoamericano. 

Karmy señala que “la esperanza de Newland y Ocampo reside en la ‘clase dirigente’ (política, intelectual y empresarial), no en las capas populares que justamente han sido protagonistas de la asonada de octubre”. Y añade que, otra vez, “nos enfrentamos al aristocratismo de tipo liberal que pretende estar por ‘sobre’ lo que la sociedad piensa o siente, en un lugar de enunciación ilusoriamente ‘superior’ en el que aún parece prevalecer la posibilidad del juicio”. Pero cabe preguntarse si no puede también hablarse de un aristocratismo de izquierda o antiliberal que, por ejemplo, ha quedado plasmado en la propuesta constitucional que prontamente será plebiscitada (el 5 de septiembre de 2022) y que, entre otras cosas, se caracteriza por un enorme catálogo no solo de derechos, sino también de principios morales que tanto las personas como las autoridades estarían llamadas a cumplir.

Pero, además, ¿por qué los intelectuales y políticos de izquierda no serían también aristocratizantes? ¿Por qué, concretamente, la CC habría realmente dado cuenta de lo que Karmy entiende como “sentimiento” o “pensamiento” de la “sociedad”? ¿Quién dijo que los convencionales de izquierda, a diferencia de los “liberales”, serían de manera más directa ventrílocuos o intérpretes de la “voz del pueblo”?

De hecho, gran parte de los ensayos de El octubre chileno —sobre todo, aquellos escritos por sus editores— cuestionan críticamente las interpretaciones hegemónicas que, sobre el estallido de octubre, se dieron tanto en la prensa como en la literatura que le siguió. Precisamente, ahí se sostiene que la idea de que la mayoría de la población quiera “transformar” o “superar” el modelo neoliberal, resulta a lo menos discutible. Aunque nadie pueda cantar victoria, prácticamente todas las encuestas de opinión apuntan a que la mayoría de la población votaría a favor de la opción Rechazo y, en caso de triunfar el Apruebo, todo indica que se tratará de un triunfo muy estrecho, lo que impediría que, desde un punto de vista político, pueda realmente pensarse en una constitución legítima.

Por eso es que, pese a que algunos siguen creyendo que la democracia es meramente un juego de suma cero —representado por el 51 % de los votos—, la idea de una constitución como marco común no ha perdido, para nada, vigencia en el contexto de una democracia liberal o representativa. Por ejemplo, se suele pensar que la idea de un Estado social y democrático de derecho, plasmado en el artículo 1° inciso 1° de la propuesta constitucional de 2022, constituiría una suerte de “bala de plata” en vistas a superar el modelo neoliberal todavía vigente. Esto ha llevado a algunos analistas a manifestar su incredulidad de que, de triunfar la opción Rechazo, la derecha apoye esa misma disposición en el caso de iniciarse un nuevo proceso constituyente. El problema de esta creencia es reducir el concepto de Estado social —de suyo amplio— a una particular forma de implementarlo, que podríamos genéricamente vincular al denominado “régimen de lo público”, impulsado por Fernando Atria; y que, básicamente, apuntaría a excluir del mercado la provisión de los derechos sociales, como educación, salud, vivienda y pensiones. 

Sin embargo, de acuerdo a diversos autores —y obviamente a la luz de la experiencia comparada— la idea de un Estado social no es per se contraria a la presencia del mercado en la provisión de los derechos sociales. Esto puede explicar la comodidad que, en el marco del proceso constituyente, la derecha chilena ha tenido con la cláusula constitucional arriba indicada. No por casualidad, un documento de la coalición Chile Vamos del 8 de julio de 2022, dispone como primer compromiso constitucional, para en el caso de triunfar el Rechazo, establecer un Estado social y democrático de derecho, expresándose además a favor de “garantizar el acceso y adecuado ejercicio de derechos sociales en educación, salud, pensiones, vivienda y seguridad social en general, que haga posible una vida verdaderamente libre y digna”23Chile Vamos, “Una Nueva Constitución para Chile. Compromiso de Chile Vamos con una Casa para Todos” (Santiago: 8 de julio de 2022), 1..

Pero ¿puede realmente la derecha (o los otrora defensores del principio de subsidiariedad) apoyar hoy la idea de un Estado social para la nueva constitución? Nuestra respuesta es que, si se revisan las aproximaciones de diversos autores al concepto, resulta perfectamente compatible apoyar, al mismo tiempo, un modelo económico de libre mercado y un Estado social y democrático de derecho. Por ejemplo, de acuerdo al constitucionalista mexicano Miguel Carbonell, existen tres condiciones que justifican la existencia de un Estado social: a) incapacidad de los individuos, o con ayuda de su entorno, de satisfacer sus necesidades básicas; b) riesgos sociales que no pueden ser satisfechos por vías tradicionales (es decir, a través del propio trabajo); y c) convicción de que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos un mínimo de bienestar24Miguel Carbonell, “Eficacia de la Constitución y derechos sociales. Esbozo de algunos problemas”, Estudios Constitucionales, n.° 2 (2008): 46.. Valga subrayar que Carbonell habla de “necesidades básicas” y de un “mínimo de bienestar”. ¿Es este concepto de Estado social incompatible con un modelo económico de libre mercado? ¿Es este el concepto acogido por la propuesta constitucional de 2022?

Por lo demás, a la izquierda chilena le juegan en contra en esta materia las propias caricaturas que ella misma ha construido de la subsidiariedad y del neoliberalismo (a ello han ayudado también —seamos justos— el eco que esas caricaturas han tenido en la misma derecha)25Ver, por ejemplo, Daniel Mansuy, Nos fuimos quedando en silencio (Santiago: IES Chile, 2016).. Como le ha resultado de lo más cómodo suponer que el neoliberalismo defiende el Estado mínimo, es decir, el Estado que reduce sus funciones a la policía, la defensa y las funciones judiciales; que, por lo mismo, el neoliberalismo podía desentenderse del destino de sus ciudadanos, confiado en que la desregulación económica obraría la magia del crecimiento económico y, con ello, el reparto de la desigual prosperidad; como las izquierdas, en fin, se acostumbraron a tomar la parte por el todo y a tomar, en consecuencia, el anarcocapitalismo y el libertarianismo sin más por el neoliberalismo como tal, se acostumbraron a creer que el Estado mínimo era la forma del Estado que defendía sin más el neoliberalismo y que el Estado subsidiario era equivalente al Estado mínimo. Como esa creencia es prácticamente universal entre las izquierdas —y como también está difundida en parte de la derecha— se cree hacerle un daño muy grande al neoliberalismo hablando de Estado social y democrático de derecho: se entiende que con ello se está desahuciando la subsidiariedad. Sin embargo, el hecho de que la derecha —incluso aquella que no recela del término “subsidiariedad”— no tenga mayores problemas en comprometerse a la consagración del Estado social es una señal de que este término no es problemático y que, en realidad, el diagnóstico de la izquierda está errado Parte del error se explica porque el concepto de “Estado social”, “Estado subsidiario” y otros semejantes, como “Estado solidario”, no son términos unívocos. Al contrario, son equívocos. “Subsidiariedad” puede significar, seguramente, muchas cosas, pero ciertamente no significa “Estado mínimo”. Si, por otra parte con la expresión “Estado social” se quiere indicar un sistema político que se encarga de asegurar que cada cual tenga lo necesario para proporcionar diferentes bienes que se estiman esenciales para el ejercicio de la propia libertad o, también, para el desarrollo de las propias capacidades o potencialidades, tanto físicas como espirituales, entonces, ha de decirse que el “Estado social” es un Estado que ha sido defendido y promovido de diferentes modos por diferentes formas de liberalismo26Al respecto se puede consultar Felipe Schwember, “Este o aquel modelo. Comunidad, mercado y subsidiariedad”, en Felipe Schwember, Valentina Verbal y Benjamín Ugalde, La constitución en disputa. Miradas sobre el debate constitucional chileno (Santiago: Ediciones Democracia y Libertad, 2021), 163-208.. El diablo, como anticipábamos en el título de esta sección, se encuentra en los detalles. La disputa entre el neoliberalismo y otras teorías políticas por lo que a las prestaciones sociales se refiere estriba en los mecanismos por los cuales se las provee. Podría decirse que lo que define a este respecto al neoliberalismo es que los mecanismos según los cuales se proveen los derechos sociales sean, según la expresión de Wilhem Röpke, “conformes” con los mecanismos de mercado27Wilhelm Röpke, La crisis social de nuestro tiempo (Madrid: El Buey Mudo, 2010), 313 y ss.. En este sentido, el neoliberalismo admite no solo la provisión estatal de bienes sociales, sino también la privada y la subvencionada.

Por el contrario, la única política directamente incompatible con el neoliberalismo es el “régimen de lo público” que viene promoviéndose desde hace algún tiempo en nuestro país. Este planteamiento descansa sobre una idea errada, tanto del mercado como de los agentes económicos. Nuevamente, y tal como en el caso de la democracia, esta caracterización del mercado desliza la idea de que los intercambios de mercado son un juego de suma cero entre los actores económicos: unos ganan porque otros pierden. Esta caracterización del mercado se ve complementada, además, por la caracterización de los agentes económicos como sujetos devorados por la codicia: el homo oeconomicus que no sabe moverse por otra cosa que por su estrecho y miope interés individual. Esta reconstrucción/fabricación del mercado y de los agentes económicos, con el fin de proscribir el mercado de la provisión de los bienes sociales, tiene varios problemas. El más obvio es que atenta contra la libertad de las personas para acordar la prestación de servicios para la provisión de bienes sociales. El otro, menos obvio, es la previsible disminución de la oferta total de dichos bienes en la sociedad: al prohibirse la oferta de los bienes en qué consisten los derechos sociales en el mercado habrá sencillamente menos de estos bienes. Una de las consecuencias previsibles de esta escasez es el empeoramiento general de las condiciones de vida de las personas. No es casualidad que los países socialistas, donde se combate por todos los medios el mercado, la población viva en condiciones paupérrimas, tanto respecto de los bienes de consumo en general como respecto de los derechos sociales en particular. Y todo esto, en términos más generales, revela otra cosa: la izquierda antiliberal —o más específicamente— antineoliberal termina siendo, pese a toda su retórica combativa, una izquierda puramente destructiva, carente de un proyecto alternativo al proyecto ideológico que, con tanta fuerza y pasión —incluso epifánica—, cree poder superar.


Imagen de portada: Morgan Craig, Tragedy and Farce

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