El desafiante referéndum independentista catalán hace cinco años atrás supuso una grave crisis territorial y política para la democracia española al menos desde los consensos de la transición democrática de 1978. A cinco años de aquel suceso, el movimiento independentista ha menguado y aunque no consta de la misma efervescencia, los acontecimientos suelen convertirse en depósitos de memoria y fundación. Celebrado por algunos independentistas como la mayor expresión de “emancipación nacional en tres siglos”, y condenado por otros como un grave asalto a la integridad nacional, lo cierto es que el referéndum 1-O signó la culminación de la fuerza de un movimiento que, desde entonces, hemos visto emerger a lo largo y ancho de las democracias occidentales. Los movimientos encandilan y suelen desafiar nuestra comprensión real de la política.
En efecto, el descrédito de la política institucional ha contribuido al auge de los movimientos que terminan por derrotar a los partidos mediante la intensificación directa y participativa de su empuje. En tiempos recientes la imagen más nítida nos ha llegado desde el asalto al Congreso de los Estados Unidos, donde el movimiento MAGA trumpista desató un jacobinismo entre sus propias filas (se llegó a pedir la cabeza del vicepresidente Mike Pence). El 1 de octubre de 2017 catalán ofrece un semblante más apacible, aunque no menos ilegal: convocar la votación ilícita en un referéndum desautorizado por el Tribunal Constitucional con respaldo de la mayoría política del parlamento. La declaración de una “república independiente” seguida de su revocación de mano de Carles Puigdemont fue respondida con la suspensión de la autonomía de Cataluña mediante el artículo 155 de la Constitución, y el arresto de los políticos implicados.
Desde entonces no ha cesado la polémica sobre si el 1-O fue la conclusión o apenas del comienzo de una larga ruta hacia la independencia de una República Catalana. Como ilusión irradiadora, el 1-O es probablemente ambas cosas, como ha sugerido la analista Lola García, quien probablemente haya escrito las crónicas más sobresalientes de la consolidación hegemónica del independentismo en el marco de la crisis destapada durante la legislatura de Artur Mas en el 2010. Por un lado, el referéndum de octubre dio inicio a la postergación del horizonte de la independencia, ya que la propia indecisión de una clase política terminó en un reparto de culpas por el naufragio acontecido.
Por otro lado, y gracias al apoyo independentista en el arco político (desde la centroderecha de Convergencia hasta el progresismo En Comú Podem y los autonomistas de las CUP), la marca de 1-O genera una nueva sintaxis para la gobernabilidad territorial, ahora agravada por el ascenso del nacionalismo hispano imperial (Vox) que valida su legitimidad contra la génesis del catalanismo. Así, ambas ilusiones se que empalman en un nudo gordiano que tampoco desatiende el terreno continental y transnacional financiero, tal y como aseveró el expresidente independentista Quim Torra en la Universidad de Stanford a comienzo del 2019 (un rasgo que hace del populismo catalán no un anti-globalismo, sino un ultra-globalismo). Lo cierto es que ni antes ni después ni ahora el “independentismo” ha cesado de ejercer como movimiento en la política regional, a tal punto que la consistencia legislativa del gobierno de coalición de Pedro Sánchez depende de ella. La dependencia en un movimiento de “causas abstractas” somete al estado a las pugnas de independentismo y genera ciclos de inestabilidad cuya ruta final conduce a la emergencia y a la constitucionalización del conflicto, siempre y cuando se mantenga la ilusión.
Es muy difícil dar con una solución orgánica a la secesión catalana. En realidad, es probablemente imposible. Y es aún más difícil apagar la pólvora del movimientismo como nueva fase legalista al interior de los sistemas democráticos. Y si la califico de ‘nueva fase’ es porque recuerdo que ya hacia finales de los treinta, el pensador político alemán Karl Loewenstein había notado cómo fuerzas adémicas habían pasado de un estado subterráneo y callejero a consolidarse dentro de las estructuras de institucionales hasta lograr hacerse con la hegemonía. Hoy asistimos a una nueva fase que supera al viejo fascismo a pesar de mantener su espíritu: dada la crisis de la autoridad jurídica, las puertas de la legalidad terminan por disolver las fronteras constitucionales, que ahora pasan a ser flexibles e indeterminadas, ya que su único propósito es justificar una hegemonía de valores.
La incorporación de las fuerzas movimientistas al interior de la institucionalidad, termina por liquidar la capacidad legislativa que Loeweinstein encomendaba como mecanismo de control para un mínimo de neutralidad. Desde estas condiciones se termina acelerando– como ya viene sucediendo en los Estados Unidos, y que se verá con mayor relieve judicial en el caso de las “Independent State Legislature” sobre la autoridad federal en las reglas electorales– hacia una clara “motorización legal”, ya sea por camino ejecutivo o judicial que obstruye toda aspiración demótica, tal y como alerta el jurista Martin Loughlin en su oportuno Against Constitutionalism (2022).
Esta es otra de las novedades que nos trae la emergencia de los movimientos substantivos: mientras que durante el siglo veinte el movimiento se constituyó como fuerza paraestatal (solo posteriormente haciéndose de las instituciones); el movimientismo actual produce una guerra civil legal que pone en jaque no solo a las formas políticas o la institucionalidad, sino también la capacidad de transformación mediante un concepto político de diferenciación. Y es en esta zona de indiferenciación de colapso de lo político en donde se intensifica una guerra civil para la consolidación hegemónica. De ahí que incluso dos de los más lucidos “revolucionarios” del catalanismo político (Xavier Domenech y David Fernández), al reflexionar en estos días sobre la contienda del referéndum del 1-O, hayan terminado amparando la “naturaleza revolucionaria” en el conservadurismo de Burke: costumbres etno-culturales, incrementalismo social, y transformación procesal de las garantías del estado liberal.
En su fase de repliegue, la impronta activista irrumpe como una técnica-administrativa de las pasiones dentro del estado, y nunca a favor de su destitución efectiva. Por esto también el procesismo catalán nos entrega una de las diapositivas más fieles de la época: el fin de la revolución deviene un movimiento de conservación por otros medios. El movimienitismo que recorre el planeta en nuestros días – y que tiene en el procès catalán un ideal sin parangón – constituye un dispositivo que es naturalmente un reflujo del orden. Un insumo que trabaja, a plena luz del día, contra los presupuestos políticos de la democracia.
Imagen de portada: independentistas catalanes en una acción de conmemoración del segundo aniversario del Referéndum de Independencia de Cataluña. Girona, 2019. Reuters.
