Danilo Billiard, Para una crítica de la izquierda gubernamental

(En memoria de Luisa Toledo y de los Hermanos Vergara)

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I

No eran 30 pesos, eran 30 años, fue la consigna más difundida durante la revuelta popular de octubre de 2019. Se trataba de una impugnación no solo al alza en la tarifa del transporte público decretada por el gobierno de Sebastián Piñera y que desencadenó las protestas sociales, sino que, a toda la transición democrática, apuntada como responsable de administrar y profundizar el modelo económico impuesto por la dictadura, el cual había provocado condiciones económicas y una forma de vida atravesada por la violencia, la precariedad y el endeudamiento crónico.

En ese entonces, se erigía como alternativa una joven coalición que prometía cambios sociales profundos y superar los vicios de la política tradicional. Salvo excepciones que luego tendrán significativa relevancia, la mayoría de las organizaciones que componían el Frente Amplio en ese entonces rechazaron el acuerdo pactado la noche del 15 de noviembre por el denominado “partido del orden”, el cual tuvo entre sus firmantes al diputado Gabriel Boric, quien a título personal y a espaldas de su partido estampó su rúbrica sobre el documento.

Más tarde, cuando ya el proceso constitucional se encontraba en marcha, Boric se convirtió en el candidato presidencial de Apruebo Dignidad tras imponerse en la primaria al candidato del Partido Comunista y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Ambos se encuentran actualmente en veredas opuestas.  Jadue terminó recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el marco de una investigación en su contra por delitos de corrupción en el caso de las Farmacias Populares, mientras el presidente Boric decreta un alza en la tarifa de la luz, cuya fórmula de cobro fue resuelta mediante la contratación de dos asesores provenientes de las mismas empresas eléctricas que se benefician de la administración de los servicios básicos.

Lo que quisiera sostener como hipótesis es que ambas situaciones forman parte de un mismo fenómeno. Tanto el alza decretada por el gobierno como la prisión preventiva de Jadue, que podrían tener consecuencias impredecibles para todo el progresismo de cara a las próximas elecciones municipales y presidenciales, responden a una forma gubernamental1La noción de gubernamentalidad, que tomamos de Michel Foucault, define un régimen de poder cuyo ejercicio se desarrolla a partir de diversas tecnologías que toman la vida misma como el objeto de sus prácticas. Asimismo, gubernamentalidad es el análisis de las prácticas concretas de poder, sin deducirlas de una teoría general de la dominación. de concebir la política que constituye un verdadero paradigma compuesto de imágenes, conceptos, creencias y valores compartidos.

Este es el punto de partida de la reflexión que nos propone Amador Fernández-Savater (en su libro Gobernar y Habitar) sobre la crisis de la imaginación política que ha provocado un impasse en el pensamiento de izquierda, reduciendo toda su iniciativa a competir con la derecha por la gestión de las impotencias y los miedos que padecen las poblaciones contemporáneas, en un tiempo en que la disputa por el poder permanece constreñida al código gobierno-oposición, y que administrada de esta manera, socava incluso toda capacidad de representación política, volviendo a los movimientos sociales reactivos frente al espacio institucional.

El progresismo expresa la subjetivación de esta política gestionaria que constituye el principal escollo para la transformación social, haciéndolo presa de la demagogia y las actitudes vacilantes, las que le han hecho ganarse con merecimiento al presidente Boric el apelativo de inconsecuente. Su gobierno ha demostrado una absoluta carencia de imaginación de la que el Partido Comunista también es responsable, al ser una de las referencias vigentes de la razón política moderna que llevó al colapso del campo socialista, poniendo a los comunistas en una encrucijada histórica que los hace fluctuar entre el progresismo y la defensa de una imagen de la revolución -la toma del poder dirigida por una vanguardia consciente- que ya no tiene nada que proponernos.

En ese impasse se enmarcan las políticas redistributivas impulsadas por los gobiernos progresistas en América Latina para hacerle frente a las consecuencias del modelo neoliberal: al subordinar su financiamiento al precio de las materias primas, no alteraron en nada la dinámica global de funcionamiento del capitalismo (reforzando la matriz primario-exportadora de nuestras economías dependientes, así como el extractivismo industrial depredador de los recursos naturales), y que una vez que el ciclo de los Commodities se agotó a causa de la crisis económica, el progresismo dejó de ser una alternativa viable, provocando la decepción de su propia base electoral.

Se dice a menudo que las razones por las cuales el gobierno de Boric modificó sus prioridades en el último tiempo serían al menos dos: la composición del Parlamento y la derrota en el plebiscito constitucional. En el primer caso, resulta llamativo que las reformas comprometidas en el programa, en respuesta a las demandas de las movilizaciones sociales, dependan únicamente de la correlación de fuerzas en el Congreso y de los acuerdos con otras bancadas. No se trata de restar validez a la utilidad que puedan tener los espacios institucionales para impulsar reformas en beneficio del pueblo, pero otra cosa muy distinta es reducir la política a gestión, pues ello ha implicado un abandono del mundo social en el sentido de precarizar sus condiciones de vida, y también de excluirlo como actor político relevante.

Y este abandono es lo que en parte explica la revuelta popular de octubre de 2019, acontecimiento que logró en días lo que durante décadas había postergado el cretinismo parlamentario: un acuerdo que hiciera posible un cambio constitucional. Sin embargo, el acuerdo reproduce la lógica de la razón política moderna. Por eso, por representativa y democrática que haya sido, la Convención Constitucional siempre fue pensada como un dispositivo de gobierno para contener la fuerza desbordante de la revuelta, algo que se confirma en el hecho de que el repliegue de las movilizaciones nunca fue un impedimento para que funcionara, porque la política reducida a gestión no necesita la presencia activa de un pueblo.

Pero este no es un problema solo del pueblo -como dicen los progresistas que acusan de “fachos pobres” a quienes votaron Rechazo- sino que es ante todo un problema de la política, de su relación con la sociedad, de sus definiciones matriciales y los paradigmas que la rigen, de que se identifique, en definitiva, la política con la gestión, que no reconoce más roles que las jerarquías entre gobernantes y gobernados, entre representantes y representados, entre los que saben y los que no saben.

Criticar la experiencia de la Convención Constitucional no es una apología ácrata de la revuelta o un rechazo -como la derecha- a los contenidos del texto constitucional que fue propuesto, sino que la constatación de la incapacidad de la política actual de poder imaginar otros horizontes que no sean los de la democracia representativa y el poder estatal.

II

En ese contexto, el gobierno de Boric terminó convertido en una pálida réplica de la Nueva Mayoría, pero en una versión empeorada en cuanto a su desempeño. Por eso en el balance que realicemos no se puede omitir que el problema de fondo es que cuando la acción política se hace inteligible en “clave gubernamental” (como les gusta hablar a los intelectuales del progresismo), lo que se pone en juego no son más que mejoras parciales que reemplazan la idea de transformación social por la de innovación, en la medida que gestionar (y la gestión es una práctica a cargo de especialistas2Me resulta siempre interesante el cruce entre el mundo académico y el progresismo, porque son los intelectuales provenientes de la universidad (las más prestigiosas) los que abastecen con capacidades técnicas la gestión política del Estado, reproduciendo la dinámica del capitalismo académico y su régimen de indexación. Quiero decir que la carrera académica es un equivalente a la carrera política (de ahí la hibridación académico-candidato y el uso de sus currículum para validarse ante la sociedad) porque, al estar insertas en el paradigma gubernamental, ambas son evaluadas a partir de los mismos indicadores de desempeño en función de las exigencias de los mercados. En conclusión, la crisis de la investigación académica -su pérdida de sentido- no es diferente a la crisis de la política.) supone aceptar lo existente como una realidad inevitable.

Es cierto que el gobierno de Boric tiene un mínimo margen de maniobra y que no le ha quedado más opción que adaptarse a esa realidad, pero cada vez que el progresismo militante utiliza este argumento como una justificación, lo hace para evadir las impugnaciones de la crítica que exigen hacerse cargo de la impotencia tensionando la invención de nuevos caminos y nuevas estrategias, algo que requiere que la política le deje espacio a la imaginación, es decir, al plano de lo simbólico3No es extraño que la gestión sea opuesta a los símbolos, si consideramos que el mismo “Perro Matapacos”, símbolo de la revuelta popular, fue despojado de todas sus intensidades y afectos, para someterlo a una lectura racionalista, impuesta por la derecha y reproducida por Boric, según la cual se trata de una propaganda en favor del asesinato de Carabineros. Y esto, porque el lenguaje de la gestión reduce los símbolos a información. que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, considera una etapa “cumplida” por el Frente Amplio4Entrevista publicada por LT Domingo el 7 de enero de 2024..

Marginados al rol de espectadores, la dinámica a la que asistimos es la de una seguidilla de ataques y respuestas mediáticas entre gobierno y oposición, cuya única finalidad es disputarse la gestión del poder ejecutivo. El rol de espectadores se complementa así con el de consumidores de alternativas electorales por las que somos convocados en base a promesas retóricas que nos ofrecen gestionar nuestras precariedades y culpar a la oposición en caso de incumplir lo comprometido. Nada se puede esperar de esta política en la que no hay ninguna confrontación verdadera entre alternativas de sociedad y ninguna posibilidad de mejorar nuestras condiciones de vida, sino tan solo indicadores de eficiencia administrativa que son transversalmente compartidos.

El fracaso del modelo revolucionario del siglo XX también puede ser explicado en esta misma perspectiva. La estrategia comunista, debido a su confianza en el progreso técnico y científico, no logró interrumpir el continuum de la racionalidad gubernamental, haciendo del “socialismo real” una variante del capitalismo de Estado, pero con un fuerte énfasis burocrático, conduciéndolo -como sabemos- a un fracaso estrepitoso. Esta, sin embargo, no fue la última palabra sobre la estrategia comunista y sobre el socialismo.

Por eso la crítica a esta racionalidad gubernamental, que en términos neoliberales se define como gestión, es indisociable de la reformulación de una estrategia comunista. Primero, porque la política gestionaria, al ser productora de impotencias, es la causa de las pasiones tristes que favorecen electoralmente a la extrema derecha. En este punto, haría falta una breve digresión respecto a las objeciones de Walter Benjamin a la noción de progreso.

Nada corrompió tanto al movimiento obrero alemán -señalaba Benjamin- como el convencimiento de que nadaba a favor de la corriente, cuando en realidad transitaba sobre el mismo derrotero -el desarrollo técnico y el crecimiento económico- que hizo posible el fascismo y su vendaval totalitario. Por eso el progresismo (como en el pasado la socialdemocracia) no parece terminar de comprender que su compromiso con la gestión eficiente del poder estatal que se cristaliza en la estabilización del neoliberalismo solo favorece la impotencia política.

Que hablemos del neoliberalismo como un “modelo” es porque establece normativamente las maneras de proceder de las que la gestión política debe hacerse cargo. Puesto que los modelos son imágenes congeladas que funcionan por repetición y sus cambios se ajustan a innovaciones técnicas, culturalmente el neoliberalismo no tiene más opción que forjar alianzas con el conservadurismo social. En efecto, cambiar el modelo neoliberal no será el resultado de la gestión exitosa de un gobierno ni de los pactos entre bancadas parlamentarias o del crecimiento en las urnas de la izquierda, sino de una crisis profunda que pondrá en cuestionamiento los paradigmas sobre las cuales se organiza la vida en sociedad. Para hacer posible ese cambio, se requiere pensar la política de otro modo.

La revuelta popular de octubre de 2019 constituyó una línea de fuga de esa racionalidad gubernamental, porque la impotencia política, condición de posibilidad para ser gobernado, coexiste junto con el deseo, que es la potencia ilimitada a través de la cual los pueblos se conectan con la imaginación. Por ahí pasa ese otro modo de pensar la política.

Es cierto, una revuelta popular no pone en riesgo la estabilidad del capitalismo (ni siquiera fue capaz de concretar la renuncia de Piñera, que en ese momento simbolizaba los abusos), pero nos propone una serie de preguntas que, por cierto, nos resulta imposible responder de manera perentoria, por lo que ofrecemos como compensación estas reflexiones que pretenden contribuir al surgimiento de una política (y de una nueva izquierda) revolucionaria.

No exageramos al decir que el auge de la extrema derecha no se explica sin una izquierda gubernamental que, al reducir la acción política al lenguaje de la gestión, y al limitar la participación social a la democracia representativa, en los hechos ha terminado convirtiéndose en una variante del mismo neoliberalismo cuya genealogía autoritaria se refuerza mediante los dispositivos de seguridad que son productores de victimización y de masas reactivas.

Porque es la impotencia el rasgo predominante de quienes se conciben solo como víctimas de poderes descontrolados (sea el crimen organizado o un gobierno de turno), desatando paranoias colectivas, frustraciones y miedos atávicos que se canalizan mediante demandas de orden y seguridad. Puesto que la víctima no se reconoce como un agente de cambio sino como alguien que padece una acción perniciosa por parte de enemigos reales o imaginarios, su relación con la política es reactiva, por lo que evita involucrarse activamente en sus decisiones, limitando sus exigencias a la protección por parte de la autoridad.

Hacer posible otra política de izquierda nos exige escindir la estrategia comunista de la competencia por la gestión del poder estatal y, en cambio, abastecerla de la imaginación (que es la potencia del deseo), desligándonos de la herencia de los socialismos reales, en que “desligarse” significa someter esa experiencia a una crítica, en vez de rechazarla. Tampoco se trata de oponerse por principio -como lo hace la extrema izquierda- a los mecanismos de la democracia representativa, porque no es cierto que votar y organizarse sean acciones dicotómicas.

El dilema y el desafío en que actualmente nos encontramos, es que las transformaciones sociales no son posibles sin una transformación de los modos en que concebimos la acción política. De ahí que lo relevante de la revuelta popular es que nos proporciona los elementos para una nueva imaginación del cambio social.

Una crítica de esta naturaleza requiere un emplazamiento de nosotros mismos para recuperar nuestra capacidad de acción colectiva, saliendo de la minoría de edad (que es un estado de tutela) y asumiendo el protagonismo de una política que le disputa en la práctica el monopolio del saber y del poder a las fuerzas elitarias que nos gobiernan y nos confiscan la imaginación porque les delegamos nuestra iniciativa.

Recuperar la tradición de los oprimidos se trata de reinventarla a partir de las nuevas experiencias de lucha en defensa de la dignidad, no perdiendo nunca de vista lo que desde hace muchos años nos legara la canción del poder popular5La disyunción entre el poder popular como poder autónomo del Estado e irreductible a su lógica, y la idea de la revolución como toma del poder estatal que impuso el comunismo burocrático, le otorga absoluta vigencia a los comandos comunales, una experiencia de poder popular en Chile que aunque no logró germinar y terminó siendo truncada por la dictadura, no merece ser dejada en el olvido.: porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente.

III, y a modo de conclusión

Tal vez lo más doloroso del alza en la tarifa eléctrica, es que frente a esta medida tan impopular nos indignamos, pero manteniendo nuestra posición reactiva de espectadores porque nos hemos vuelto, otra vez, impotentes, rabiando por redes sociales, clamando por mano dura o acusando a la derecha, o a la izquierda (según sean nuestras preferencias, da lo mismo) de ser los culpables de todo.

Esa impotencia nace siempre de la ilusión de que delegándole a los gobiernos de turno nuestros problemas, estos se resolverán. Impotencia que se nutre de un sentimiento de inferioridad, políticamente inducido, que nos hace percibirnos como incapaces de saber y de poder. Y cuando nos enfrentamos a la terrible frustración de ver que nuestros problemas no se resuelven, surge la desafección.  

Pero la desafección tiene su eficacia: la capacidad de producir la sensación de que ninguna otra política es posible. De que no tenemos más alternativa que confiar en la gestión política, con una alta cuota de resignación (pues solo la resignación es gobernable), esperando a que el gobierno de turno (sea el gobierno central, regional o el municipal, incluso la junta de vecinos) haga algo por nosotros. El atolladero en el que estamos metidos como pueblo es que, si no nos ponemos en movimiento ahora, nuestra dignidad va a seguir siendo pisoteada y también utilizada por un bando u otro cuando nos convoquen a votar por alguno de sus viejos o nuevos candidatos.

Para enfrentar los peligros que nos asechan y tomarnos en serio la posibilidad del cambio social, precisamente necesitamos una política que se conecte con el deseo, porque sin deseo la política se reduce a gestión, y reducida a gestión la política produce impotencia, frustración, resignación y pasiones tristes. Esa (imaginación) política del deseo es también el deseo por una política “otra” que excede la lógica del gobierno y los mecanismos de la democracia representativa.

Una política en la que dejamos de ser espectadores o consumidores de alternativas electorales. En que dejamos de ser víctimas del poder para convertirnos en agentes del cambio social. En definitiva, una política -a la que llamaré “poder popular”- inasimilable al gobierno, a la idea de gobierno como poder sobre la vida y como gestión de los comportamientos.

Se trata entonces de no confiar en el gobierno, en cualquier gobierno, pero tampoco desconfiar, sino que confiar en nuestras fuerzas y activar nuestra capacidad de acción colectiva como potencia transformadora desde las distintas experiencias de lucha en las que va germinando el poder popular y su máquina revolucionaria, única institución capaz de enfrentarse a los imperativos del capitalismo global.


Imagen de portada, Recycled Lenin #9, Oleksandr Balbyshev

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