Rodrigo Castro Orellana, Chile 1973: La masacre sin fin.

Dictadura, neoliberalismo y democracia

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Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal con la patria.

Salvador Allende, 11 de septiembre de 1973.

El 11 de septiembre de 1973 Chile asistió al nacimiento de una bestia que no ha dejado de existir hasta ahora. Lo monstruoso que aquel día comenzó no finalizó con la muerte del Presidente Allende ni con el asesinato de miles de personas a la largo de los 17 años de dictadura. Tampoco terminó con la aprobación de la Constitución de 1980, con el triunfo del «no» en el plebiscito de octubre de 1988 o con los gobiernos de la Concertación entre 1990 y 2010. Como una sombra ominosa ha seguido arrastrándose detrás de los principales acontecimientos de la sociedad chilena durante los últimos cincuenta años. Ciertamente, la historia está hecha de retazos o fragmentos y todo suceso suele disolverse en la trama de la discontinuidad y el olvido. Pero hay hechos que generan latencias poderosas, las cuales a veces persisten en el tiempo, porque marcan a fuego la identidad de un pueblo. Son como pesadillas recurrentes que aterran las noches de insomnio de quien las padece. Chile está inserto en una de ellas, en el bucle interminable de La Moneda en llamas.

Ha transcurrido medio siglo desde el día de la ignominia. En este contexto se habla con toda razón de la importancia de la memoria. No solamente respecto a lo ocurrido el 11 de septiembre, sino en relación con el desgraciado período histórico que se abrió a partir de dicho momento. Sin duda todavía existen muchas cosas que se desconocen y mucho trabajo que tanto la justicia como los historiadores deberán realizar1Por ejemplo, en relación con los civiles que apoyaron directamente el golpe de Estado y que también colaboraron en las violaciones de los derechos humanos perpetradas por la dictadura durante 17 años.  Un excelente trabajo al respecto puede encontrarse en la investigación liderada por Juan Cristóbal Peña y Francisca Skoknic, producida por Revista Anfibia y la Universidad Alberto Hurtado, en alianza con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos: «El primer civil de la dictadura. Los archivos secretos de Álvaro Puga». https://www.revistaanfibia.cl/especial/archivos-puga/. Se trata de una tarea urgente porque existe el riesgo de que las nuevas generaciones de chilenos y chilenas tomen cada vez más distancia de su propia historia y el olvido les haga creer que aquello que ocurrió nada tiene que ver con sus vidas. De hecho, hay un peligro en el ejercicio de la memoria que conviene considerar. Si obedecemos solamente a su legítima exigencia de mirar hacia atrás, aunque sea de reojo como el ángel de la historia de Benjamin, podemos perder de vista que la barbarie se encuentra tanto en el pasado como a nuestros pies. El golpe de Estado de 1973 no es únicamente un hecho del ayer; produce nuestro presente y, en este sentido, representa un mundo que todavía estamos habitando.

Se pensará que exagero. Sin embargo, os animo a mirar la historia de las últimas cinco décadas atendiendo a sus regularidades y a las repeticiones de ciertas acciones y discursos especialmente en el ámbito político. Siempre ha existido entre nuestras elites «patrióticas» un orgullo acerca de la estabilidad económica y política del país. En Chile ha primado una continuidad fundamental entre los procesos sociales a lo largo de los últimos años, algo de lo cual muchos presumen convirtiendo este orden institucional inamovible en el valor característico de un país que sería una especie de oasis de seriedad en medio de Latinoamérica. La última noticia de una ruptura total con el pasado fue precisamente el 11 de septiembre de 1973, ese día se produjo el estallido fundacional del Chile contemporáneo. A partir de ahí pocas hojas se han movido en el país sin que la bestia lo supiese.

Los acontecimientos desarrollados a partir del estallido social de octubre de 2019, por ejemplo, pueden verse como una perversa reconfiguración de las mismas piezas fundamentales que han estructurado la realidad política de estos cincuenta años. 1973 y 2019 se asemejan, en tal sentido, más de lo que podría parecer en una primera instancia y esto ocurre como si la historia de Chile diera vueltas una y otra vez sobre lo mismo. En primer lugar, la coacción violenta sobre la ciudadanía cuando ésta se atreve a ser un sujeto político. Los sueños, deseos o aspiraciones del pueblo son enfrentados por parte de una clase social privilegiada como la amenaza de un enemigo al que se debería vencer por cualquier medio.  Hay un eterno retorno de la muerte en Chile cada vez que una fuerza democrática plebeya impugna los abusos y las injusticias sociales. Pueden ser aviones Hawker Hunter bombardeando el palacio de gobierno o balines de carabineros reventando los ojos de las personas que protestan, detenidos desaparecidos o torturas. La represión sistemática se encuentra siempre al otro lado de cualquier diferencia sustantiva que pretenda transformar el estado de las cosas. De ahí proviene ese obsesivo discurso del orden que subsume la dignidad de la vida al dogma de la seguridad.

Las violaciones a los derechos humanos producidas durante la revuelta de octubre de 2019 muestran hasta qué punto nos acechan fantasmas que creíamos sepultados en el pasado. Asimismo, los recursos de la clase política para contener las demandas populares siguen siendo los mismos. Después de inocular el terror en la sociedad se apela a la paz y el consenso entre todos los chilenos. Desde 1973 el crimen masivo funciona como la antesala de la denominada «democracia de los acuerdos», la masacre emerge como la condición de posibilidad de la institucionalidad. Quizás, después de cincuenta años, ya sea hora de decirlo con toda claridad. La violencia totalitaria de la dictadura, en sus múltiples formas, fue rechazada durante la transición en sus excesos, pero jamás encontró una condena definitiva y radical.  Por eso nuestra democracia carga un peso que la hunde sistemáticamente en un compromiso con la seguridad y la violencia. 

El inicio de la masacre

La masacre comenzó el día 11 de septiembre de 1973.  No se trató de una destrucción puntual o circunscrita solo a algunos años, sino de un acto que en la misma medida que generaba devastación humana, social y política sentaba las bases fundacionales del Chile actual. Como señala Sergio Rojas: « (…) existiría contenida en nuestra cotidianeidad una violencia originaria que viene desde la modernización del país implementada por la dictadura de Pinochet (…)»2Sergio Rojas. ¿Qué hacer con la memoria de “octubre”? Valparaíso: Ediciones Inubicalistas, 2023, p. 29.. Pero esa modernización violenta que ha mercantilizado las relaciones entre los individuos, determinando los modos de vida, no habría podido ocurrir sin la masacre previa. Indudablemente, se puede decir que la violencia ha acompañado toda la historia del país como una larga herencia que procede de los tiempos de la colonia. Está presente en las lógicas autoritarias del régimen de la hacienda y también en los imperativos ordenadores de la República hasta bien entrado el siglo XX. Sin embargo, la violencia del golpe de Estado tiene una novedad decisiva que solamente la historia posterior pondrá al desnudo. Esa singularidad guarda relación con que los mecanismos de poder que allí surgieron operaron a partir de elementos previos, estructuras disciplinarias y medios de coacción ya instalados en la sociedad, los cuales fueron apropiados, recodificados y optimizados en función de una nueva modalidad de dominación. Por esa razón prefiero utilizar la expresión «masacre» para referirme al nuevo tipo de violencia que comienza a construirse en Chile desde septiembre de 1973.

¿Por qué hablar de masacre? Tomo este concepto del extraordinario libro de Manuel Guerrero Antequera Sociología de la masacre. La producción social de la violencia. En esta obra se explica que la palabra «masacre» tiene un origen histórico y sociopolítico cuyo sentido puede remontarse a la muerte masiva de animales no humanos en los mataderos europeos alrededor del año 1.100. En latín procede de la expresión mattea,que significa «carnicería», aunque el uso específico del término «masacre» referido a la muerte masiva de personas,no aparece hasta el siglo XII3Manuel Guerrero Antequera. Sociología de la masacre. La producción social de la violencia. Santiago de Chile: Paidós, 2023, p. 47.. La cuestión de la generalización del uso de la violencia sobre un colectivo, el asesinato multitudinario y cruel, parecen ser los sentidos específicos de la noción. No obstante, sería un error suponer que toda masacre obedece a la expresión de una barbarie y un salvajismo irracionales. Guerrero afirma que la masacre es propiamente una práctica social organizada y planificada cuyos propósitos pueden ser la reestructuración global de la sociedad o la eliminación de categorías de personas y colectivos completos4Ibid., p. 53..

En mi opinión, ambos objetivos son los que están en juego en el proyecto de sociedad que comienza a construirse en Chile hace cincuenta años. La violencia se elevó a la categoría de masacre porque su finalidad era la destrucción psíquica y física de la población para así garantizar un «nuevo cultivo» después de la «poda sangrienta». Por eso la masacre tuvo connotaciones espectaculares desde un principio, ya que estaba diseñada no solo para ser dirigida sobre seres humanos sino también para ser vista y oída en toda su desmesura. Esto explica la desproporcionada decisión de atacar con aviones de guerra el edificio de La Moneda, donde el Presidente Allende resistía junto a un reducido grupo de leales que le acompañaban. Lo mismo podría decirse de los asesinatos políticos de la dictadura que no guardan relación alguna con la existencia de un alzamiento popular y que no concluyen tras los primeros días del golpe. Recordemos que Jécar Nehgme, vocero del MIR, fue acribillado por la brigada Azul de la Central Nacional de Inteligencia el día 04 de septiembre de 1989, es decir, a pocos meses de que Patricio Aylwin asumiera como Presidente de la República.

La masacre fue excesiva e interminable porque estaba creando una nueva realidad. En este contexto, la producción de miedo representa uno de sus efectos principales. Puede servir como ejemplo de esto último la cita que Guerrero realiza de una conversación sostenida durante el 11 de septiembre entre Federico Willougby5Willougby fue secretario de prensa de la Junta Militar y uno de los responsables de los primeros bandos emitidos por los golpistas. Su perfil político recuerda en cierta medida la célebre e inquietante figura de Joseph Fouché. La comparación tiene sentido si se considera que entre 1990 y 1994 ejerció como uno de los principales asesores de Aylwin., colaborador civil del golpe, y el vicealmirante Patricio Carvajal: «Si se puede infundir temor, mucho miedo a la fuerza de las armas de guerra, el tono de lo que se diga, al ser atemorizante, puede disuadir los intentos de resistir en la calle. Decirles claramente que arriesgan su vida. Hacérselos sentir con el despliegue de los recursos blindados, desde el aire y con altoparlantes (…)»6Ibid., p. 140.. Inocular el terror, he ahí la clave para que las calles permanezcan vacías. Así nació una estrategia de la cual el poder se ha servido en múltiples formas a lo largo de estos cincuenta años. Las revueltas se disuelven con el pánico. Es esa pedagogía siniestra, muy bien aprendida, la que se esboza en la sonrisa de Piñera en aquella fotografía frente a la Plaza de la Dignidad vacía como consecuencia de las medidas de la cuarentena.

Pero la masacre también requiere de discursos que la justifiquen para así continuar funcionando. El terror que comenzó en septiembre de 1973 ha sido justificado a lo largo de los años de maneras aparentemente diferentes. Pinochet y los militares golpistas, la derecha política y sectores de la democracia cristiana han insistido en la amenaza del totalitarismo marxista que supuestamente asolaba al país durante el gobierno de la Unidad Popular. Otros, quizás la gran mayoría, responsabilizan al clima político anterior al golpe e identifican, entonces, una culpabilidad compartida entre todos los actores políticos por su incapacidad para encontrar salidas institucionales frente a la crisis del momento. Un buen ejemplo de este último razonamiento se encuentra en la introducción que Ricardo Lagos escribió para el Informe Valech del año 2005. Frente a un texto que registra y detalla 28.000 casos de torturas durante la dictadura civil-militar, entre los cuales se incluyen 3.400 testimonios de mujeres que sufrieron violencia sexual, Lagos ensaya una explicación de cómo el país llegó a este horror: «La ruptura de la institucionalidad y la instauración de la arbitrariedad y el terror fueron consecuencia de esos errores colectivos e individuales en un contexto de intransigencia política anterior al golpe de Estado, la errónea transformación del adversario en enemigo, el marco institucional de la guerra fría»7Ibid., p. 76.. Aquí la masacre logra ocultarse tras el argumento difuso de un error colectivo ya superado. Sin la polarización entre las opciones políticas antes de septiembre de 1973, sin la intolerancia y el fanatismo de los protagonistas de dicho momento, el apocalipsis no habría tenido lugar. Pero esto supone situar a todas las posiciones políticas de la época en el mismo nivel, en esa común crispación que se les atribuye, cuando había sectores de la derecha empeñados en la destrucción institucional desde el instante mismo del triunfo de Allende. Un planteamiento que, además, ensombrece una dimensión fundamental de la democracia que es el antagonismo, convertida según el texto citado en la causa principal del terror colectivo.

Por supuesto que había polarización antes del golpe y diversas manifestaciones de violencia política, pero nada de todo ello puede ser suficiente para explicar o justificar la masacre que se desató. No es lo mismo intentar comprender la heterogeneidad de las causas históricas que determinaron un hecho como el 11 de septiembre de 1973 que relacionar la masacre con la política chilena anterior a la dictadura. Esta segunda operación oculta una infamia que consiste, en último termino, en atribuir el caos a la democracia y la capacidad reconstructora del orden a la tiranía. Se trata de una lógica que combina las ideas liberales con el autoritarismo, aspecto clave de un modelo que irrumpió en Chile como consecuencia de la masacre y que funciona hasta el presente. Porque la masacre constituye el acto fundamental sin el cual los dispositivos neoliberales no habrían arraigado en la sociedad chilena con tan extremada radicalidad. Antes de la privatización de los servicios públicos del Estado, las instituciones se degradaron a través de la violencia que se ejerció directamente en dichos espacios, las torturas en salas de hospitales y aulas universitarias, la delación y la colaboración de civiles en actos criminales perpetrados en esos mismos lugares, etcétera. La masacre atravesó literalmente nuestros cuerpos, en primer lugar, para después volvernos dóciles sujetos del consumo, individuos encerrados en la absoluta auto-referencialidad de nuestras inquietudes, atrincherados en nuestros domicilios privados mientras la muerte merodea por las alamedas solitarias.

Neoliberalismo y democracia limitada

La masacre convirtió a Chile en una democracia limitada o, si se prefiere decir de otra manera, lo instaló en una transición indefinida e interminable a la democracia. De hecho, esta es la característica principal de la gubernamentalidad neoliberal, cuyos efectos se manifiestan en diversos acontecimientos recientes del país. Para mostrarlo me gustaría recurrir a un libro que Pierre Dardot acaba de publicar hace pocos meses, cuyo título es La memoria del futuro. Chile 2019 – 2022. Este ensayo es un interesante y muy bien informado trabajo de análisis del estallido social de 2019 y del proceso constitucional fallido. La tesis que me interesa destacar de esta obra tiene que ver con el proceso de constitucionalización del mercado que se habría producido en la historia reciente del país8Pierre Dardot. La memoria del futuro. Chile 2019 – 2022. Barcelona: Gedisa, 2023,  p. 30.. Según Dardot, esta consagración jurídica del neoliberalismo se lleva a cabo en la Constitución de 1980 a través de una serie de mecanismos que pretenden limitar la deliberación pública y, sobre todo, impedir cualquier alternativa rupturista con respecto al modelo. En pocas palabras, la Constitución de 1980 funcionaría como la consolidación normativa del gesto totalitario y criminal iniciado el 11 de septiembre de 1973, consistente en la eliminación sistemática de cualquier posibilidad de existencia de una democracia sustantiva. En tal sentido, habría una perfecta correlación entre el bombardeo de La Moneda, la violación de los derechos humanos y la Constitución de 1980. En el caso de esta última, su objetivo fundamental consiste en impedir un retorno a la situación anterior a septiembre de 1973, la cual se califica como polarización radical, extremismo o «comunismo».

Sin embargo, esta minimización o exclusión total de la intervención de los ciudadanos en el debate político no solo se garantizó a través del dispositivo constitucional. También se instaló, y sigue instalada, en la praxis política institucional del país, en lo que Dardot denomina «concertacionismo», es decir, en un tipo de conducta política que le otorga un valor absoluto a los acuerdos entre los partidos y que organizó el ideario político de la Concertación. En este contexto, el autor francés cita un libro escrito por Edgardo Boeninger en 1997 titulado Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad, en el cual, si bien se reconoce que el conflicto es característico de toda sociedad, se afirma que la gobernabilidad de una sociedad dependería de que se alcancen acuerdos fundamentales que dejen de lado «las presiones de masas, la agitación callejera o el uso de la fuerza armada»9Ibid., 35.. El miedo al conflicto lleva a Boeninger a situar en un mismo plano la «agitación de la calle» y las «amenazas militares». Es decir, establece una continuidad entre el conflicto o el antagonismo que dotan de vitalidad a una democracia (pluralidad, participación ciudadana, debate, etcétera) y ese otro conflicto que en realidad es la violencia y la agresión a las personas que piensan diferente.

Desde este mismo argumento, Boeninger justifica la aceptación explícita de la Constitución del 80 por parte de la Concertación en el acuerdo de reformas del año 1989 pactado con la dictadura pinochetista saliente. El acuerdo, dice el ex-ministro de Aylwin, posibilitó un «encuentro mínimo suficiente entre el proyecto político del régimen militar y la propuesta democrática de la Concertación, despojados ambos de sus aristas más radicales»10Ibid., 36.. Este pasaje genera una serie de interrogantes y mucha desazón. ¿Es posible que una propuesta sea democrática si su contenido involucra un pacto con el totalitarismo? ¿Pueden ser equivalentes las aristas, llamadas radicales, de un proyecto democrático y de un proyecto dictatorial? ¿Y cuáles son esos mínimos suficientes que aseguran el acuerdo entre democracia y dictadura? Según Dardot, ese consenso de mínimos del que habla Boeninger tenía como función abandonar la deliberación colectiva sobre valores y fines comunes en favor de acuerdos técnicos entre expertos que tienen como núcleo la salvaguarda del mundo económico11Ibid., p. 41.. Este sería el hito principal de la llamada «transición democrática» en Chile. Un proyecto de país desarrollado por la Concertación que consistió en permitir la continuidad básica del entramado constitucional de 1980 y, junto con ello, el desarrollo y la profundización de las orientaciones sociales fundamentales del neoliberalismo radical impuesto anteriormente por la dictadura y su masacre. No hubo cuestionamiento de uno de los principios constitutivos que caracterizan a las democracias limitadas, esto es: «la despolitización de la economía». En términos generales, como señala Pablo Oyarzún, podría afirmarse que «durante la transición se mantuvieron intactos los dispositivos neoliberales impuestos por la dictadura»12Pablo Oyarzún. «El país donde no pasa(ba) nada». Pléyade 26/julio-diciembre (2020), p. 64..

Resulta significativo, en tal sentido, que después del estallido social de octubre de 2019 emergiera nuevamente en el debate público la necesidad de un consenso, esta vez como un acuerdo entre un amplio abanico de los partidos políticos chilenos. Precisamente en una coyuntura donde la revuelta popular impugnaba la concepción imperante de la política y su práctica de los últimos treinta años (es decir, desde el año 1989, momento en que irrumpe la llamada «democracia de los acuerdos»), los principales partidos políticos  reproducen, a través del denominado «Acuerdo por la paz» del 15 de noviembre de 2019, el «espíritu del concertacionismo»13Un episodio reciente de esta lógica de la búsqueda de consenso lo han protagonizado Joaquín Lavín y Alberto Mayol con su propuesta de impulsar un diálogo transversal entre diferentes sectores políticos («Dos miradas para un futuro común»).  Se plantea que la polarización del país estaría bloqueando una gran oportunidad para el desarrollo económico de Chile en relación con explotación de las energías limpias. Pero no hay que confundir polarización con antagonismo político. La polarización es la manifestación de una política degradada por el neoliberalismo, convertida en una pura mercancía espectacular que obliga a los discursos a exacerbarse precisamente porque no existe ningún antagonismo político de fondo, lo cual resulta ser el verdadero problema. La prueba de esto último está en que el «futuro común» que se pretende consensuar corresponde solo al orden de la economía y a esa utopía final del capitalismo de que pueda convertir la catástrofe ecológica que el mismo ha engendrado en una oportunidad para intensificar la acumulación.. Como señala Gabriela Schroder: «El fantasma de la transición pactada a la democracia no tardó en aparecer ante los ojos de sectores de la izquierda (…) eran nuevamente unos partidos políticos profundamente distanciados de las bases sociales los que estaban decidiendo los términos en que se abriría la nueva etapa política del país, y esos términos tenían “amarras” que no parecían legítimas»14Pierre Dardot. La memoria del futuro. Chile 2019 – 2022. Op. Cit., p. 125. A la luz de la deriva que ha tomado la presidencia de Gabriel Boric, conviene recordar su papel en el acuerdo de noviembre de 2019. Su firma en el «Acuerdo por la paz» es la única que se hizo a título personal y no en nombre de un partido político. Esto supuso toda una polémica en su momento que muchos preferimos olvidar una vez que Boric fue proclamado candidato a Presidente de la República teniendo como adversario al ultraderechista José Antonio Kast. Después de año y medio ejerciendo el cargo, y a la luz de los hechos y no de las palabras, resulta evidente que este gesto de firmar el acuerdo anunciaba algo sustantivo de su ethos como político. Me atrevería a describirlo como una combinación de cobardía y falta de inteligencia política. Todavía no estoy seguro en qué medida sería una cosa y la otra. No haber defendido hasta las últimas consecuencias el proyecto de nueva constitución muestra un falta de coraje y la mezquindad de aferrarse al poder aunque no se tenga ninguna claridad de qué hacer con él. Pero también pone de manifiesto la extraordinaria torpeza de no advertir previamente que el triunfo del rechazo supondría una consolidación del poder de la extrema derecha en Chile..

En La memoria del futuro Dardot defiende la tesis de que estas «amarras» pueden resumirse en una idea fundamental. El acuerdo de noviembre de 2019 se refiere estrictamente a una consulta plebiscitaria para una convención constitucional. Por lo tanto, no se trata en rigor de una convención constituyente, aunque esta expresión se haya utilizado hasta la saciedad15Ibid., p. 127.. De hecho, si uno revisa el texto del «Acuerdo por la paz social y la nueva constitución» advertirá el uso ambiguo de las expresiones «convención constitucional» y «órgano constituyente» (la primera solo aparece en los puntos referidos a la consulta plebiscitaria). Dardot considera que hay diferencias muy sustantivas entre ambas expresiones. «Constitucional» significa conforme a la constitución o que forma parte de ella, mientras que «constituyente» implica un poder superior a la constitución existente, el de poder producir una constitución nueva que sustituya a la anterior16Idem.. Este punto es importante porque implica que el proceso constitucional activado por el acuerdo de noviembre de 2019 estaba subordinado desde su origen a la constitución vigente, es decir, a la Constitución de 1980. Hay varios elementos que así lo acreditan. En primer lugar, el punto seis del acuerdo, que establece un quorum de dos tercios para la aprobación de las normas y del reglamento de votación de la convención procede de una disposición de la Constitución del 80 para el funcionamiento de las Cámaras. En segundo término, cabría atender a la opacidad que se produce en el punto cinco al establecer la finalidad de la convención. Se señala que debe «redactar la nueva constitución» y, al mismo tiempo, se indica que «una vez cumplida la tarea» encomendada «se disolverá». Los representantes del poder constituyente que no puede ser otro, en último término, que el pueblo soberano, son convocados a una asamblea cuyo propósito es redactar un nuevo texto constitucional. Esto debería significar que su actividad deliberativa no puede cesar hasta conseguir ese objetivo. Una vez alcanzada la meta, lo que se disuelve es la orgánica institucional y representativa de dicho poder, obviamente no el poder constituyente mismo.

En el caso que nos ocupa, ¿se cumplió el propósito de redactar la nueva constitución? No, porque la ciudadanía rechazó la propuesta elaborada por la convención. Entonces, ¿no debería haber continuado el trabajo del órgano hasta cumplir el objetivo de redactar «la nueva constitución»? Como sabemos, esto no sucedió así y no ocurrió porque la convención siempre estuvo sujeta a las competencias y atribuciones de otros poderes del Estado. Dicho de otro modo, fue disuelta porque nunca fue un «poder constituyente». En este sentido, hay una perfecta coherencia estratégica entre el proceso constitucional activado por el acuerdo de noviembre de 2019 y el segundo proceso constitucional puesto en marcha recientemente. En ambos casos se niega la convocatoria y configuración de una instancia orgánica que represente al poder constituyente en cuanto tal porque Chile ha sido y sigue siendo una democracia limitada.

Por otro lado, hay un tercer aspecto que evidencia la subordinación del proceso constitucional iniciado en 2019 al marco superior de la Constitución de 1980. Se trata del más obvio: la pervivencia de la Constitución pinochetista queda garantizada cuando se establece la plena vigencia de la misma en caso de que la propuesta de nueva constitución redactada por la convención fuese rechazada. Esto guarda relación directa con el punto anterior. La lógica de un retorno a «foja cero» como alternativa al eventual triunfo del rechazo en el referéndum pone de manifiesto que no se trata de un proceso constituyente y de que el «Acuerdo por la paz» contempla, no solo el valor superior de la norma constitucional de 1980, sino también un recurso estratégico para asegurar la continuidad de dicha carta magna. Esto último lo comprendió perfectamente la derecha. Ésta, aunque había perdido la herramienta que pretendía utilizar (servirse del quórum, articulando una minoría de bloqueo), pudo dedicarse a desprestigiar el trabajo de la convención constitucional, conocedora de que al otro lado de la deslegitimidad esperaba la reafirmación de la Constitución del 80, de su idea del Estado subsidiario y de su individualismo extremo. El propio diseño del «Acuerdo por la paz» incluía la posibilidad de desplegar un juego político en donde cualquier miembro de la convención constitucional podía entregarse a la tarea de oponerse a toda propuesta de nueva constitución sin ofrecer una alternativa, sabedor de que así existía la opción de regresar a «foja cero». Por otra parte, la izquierda cometió el error de otorgar un valor constituyente a la convención, es decir, de aceptar un acuerdo que era un verdadero «caballo de troya». Se asumió de forma apresurada una interpretación equivocada de la coyuntura que daba por aseguradas las condiciones para una refundación político-institucional del país. Dicho de otro modo, se identificó a la convención con un poder constituyente.

Obviamente, estas consideraciones no sirven para explicar el posterior triunfo del rechazo. Solamente son útiles para ilustrar la extraordinaria relevancia del constitucionalismo económico en Chile; la importancia de significantes como consenso, paz social y orden frente a un temor histórico respecto a la seguridad, y la orientación cada vez más técnica e instrumental de una actividad política en la que debería primar la deliberación ciudadana. Todo esto, de hecho, se ha visto confirmado por las condiciones del nuevo proceso constitucional. Otra vez la centralidad del acuerdo o el consenso, esta vez focalizado en el parlamento17Hay que recordar que en el plebiscito de 2020 la ciudadanía se pronunció categóricamente a favor de un proceso constitucional sin intervención de los partidos políticos. Desconocer este hecho representa otra más de las formas de indignidad que han rodeado los esfuerzos de las élites chilenas por preservar el modelo institucional de la Constitución de 1980.. Nuevamente un recorte de los espacios de participación democrática, esta vez mediante la creación de una comisión de expertos. Pero, sobre todo, así se confirma una lógica de poder que asegurará la continuidad del ordenamiento neoliberal de la sociedad mediante la perpetuación del modelo constitucional del 80 aunque sea con un nuevo nombre.

Ahora bien, ¿cómo explicar dentro de este marco que la revuelta popular se disolviese sin tener la capacidad finalmente para una impugnación irreversible de la gubernamentalidad neoliberal? Dardot señala que, aunque resulta indudable que los movimientos sociales chilenos dieron lugar a una subjetivación colectiva de un valor incalculable, debemos concluir que ellos no son propiamente la sociedad y que su politización no es necesariamente el reflejo de un fenómeno colectivo generalizado18Pierre Dardot. La memoria del futuro. Chile 2019 – 2022. Op. Cit., p. 216.. O, para decirlo con otras palabras, que tales procesos de subjetivación colectiva no han tenido la capacidad de eliminar otras formas de subjetivación individual que son más determinantes dentro de la sociedad chilena y que explican, por ejemplo, la enorme seducción de los discursos que hablan de «orden» y la identificación de los sujetos con un ethos neoliberal. Todo lo cual no habría sido posible sin la larga historia de la masacre de estos últimos cincuenta años.

Lo que estalla y lo que se teme

La masacre sin fin ha generado las condiciones de posibilidad para el estallido y también para el silencio que ahora nos desconcierta. Para mi lo sorprendente no se encuentra tanto en lo primero como en lo segundo, aunque creo que la explicación de ambas realidades es al final la misma. Oyarzún comenta en su artículo «El país donde no pasa(ba) nada» que las movilizaciones y manifestaciones que se han sucedido en Chile durante los últimos años derivan de una inferencia colectiva impecable: «permanentemente sufrimos abuso; hay que cambiar las reglas del juego»19Pablo Oyarzún. «El país donde no pasa(ba) nada». Op. Cit., p. 63.. Pero el concepto de abuso puede ser muy mal comprendido. No se trata solamente de las asimetrías de una sociedad donde la desigualdad sigue siendo enorme. Tampoco se limita a la acumulación de formas de corrupción e injusticia con los ciudadanos por parte de instituciones que deberían aportar legitimidad y cohesión social (los innumerables casos de ilegalidad en las campañas electorales, en las fuerzas armadas, en las empresas o en la iglesia católica). El abuso implica algo todavía más profundo que todo esto, hunde sus raíces en un tipo de subjetividad construida en Chile durante estos últimos cincuenta años.

Pablo Oyarzún describe este abuso como un sufrimiento permanente. Esto quiere decir que se trata de una experiencia cotidiana, en absoluto coyuntural o accidental. Podríamos añadir que involucra una vivencia que lleva mucho tiempo instalada en la sociedad y que se corresponde con una violencia intensa que los dispositivos neoliberales ejercen sobre las formas de existencia. La democracia chilena, concebida por las élites solo en los términos mínimos de «estado de derecho» y «orden público»20Ibid., p. 78., se sostiene en realidad en la masacre permanente de los cuerpos y los psiquismos que impone el neoliberalismo. Por esta razón, como afirma Rojas, Chile no despertó con la revuelta de octubre, sino que explotó21Sergio Rojas. ¿Qué hacer con la memoria de “octubre”? Op. Cit., p. 39.. Las fuerzas que movilizaron el estallido no eran las de una conciencia común que conquista una idea o una convicción, tampoco fueron las energías articuladas de alguna demanda en concreto. Lo que estalló proviene del fondo más sombrío de las vidas dañadas por la violencia neoliberal. Algo tocó fondo en la sociedad y, a partir de ahí, cualquier debate sobre la violencia que no reconozca primero la masacre fundacional será puro cinismo.

En Chile hay abuso porque la vida que ofrece el ordenamiento neoliberal resulta miserable. Esto es lo que no consiguen comprender las dos principales hipótesis acerca del malestar que se han esgrimido desde diferentes sectores ideológicos del país22Estas dos hipótesis no son las únicas. La cuestión del malestar en Chile se viene debatiendo ampliamente desde finales de los años noventa. El Informe de Desarrollo Humano en Chile del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del año 1998 introduce este debate presentando la cuestión de las contradicciones entre modernización y subjetividad. Resulta interesante destacar que este informe ya señalaba que el miedo se había instalado en Chile en directa relación con la exclusión, el individualismo y la desconfianza en el futuro. Agradezco estas observaciones a Luis Henríquez.. La primera corresponde a aquellos que están convencidos de que la sociedad ha experimentado un cambio extraordinariamente positivo en las últimas décadas. Carlos Peña, principal defensor de esta perspectiva, sostiene que el bienestar generado como consecuencia de la reciente modernización chilena sería precisamente la causa principal del malestar que se instala en determinados ámbitos de la sociedad. La frustración nacería en los sujetos como resultado del acceso a bienes que antes les fueron negados23Carlos Peña. Pensar el malestar. La crisis de octubre y la cuestión constitucional. Santiago de Chile: Taurus, 2020, p. 76.. Es decir, el mercado se mostraría exitoso en la mejora de las condiciones materiales de la existencia generando, sin embargo, expectativas en la gente que la política parece incapaz de resolver24Ibid, pp. 79-80.. La conclusión es paradójica: algunos chilenos y chilenas se sentirían mal porque ahora están muy bien. No obstante, se trata de una visión compartida entre las clases sociales chilenas dominantes. Un punto de vista que obviamente obedece también a una subjetivación neoliberal.

La segunda hipótesis del malestar pertenece a los críticos del liberalismo económico. Su representante principal es el sociólogo Alberto Mayol que adquirió notable reconocimiento público después de su célebre intervención en ENADE (Encuentro Anual de Empresarios) del año 2011, donde expuso que el modelo de economía de mercado chileno se estaba derrumbando. El argumento de Mayol resulta mucho más cercano de lo que puede parecer al diagnóstico de Peña. La diferencia está en que el estilo capitalista chileno, según el primero, no sería otra cosa más que «una enorme máquina de producir expectativas»25Alberto Mayol. El derrumbe del modelo. La crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo. Santiago de Chile: Lom, 2012, p. 102.. El modelo multiplicaría las ilusiones de «acceso a bienes antes prohibidos por el simple criterio»26Idem., amplía el campo de las esperanzas de una forma tan desmesurada que surgiría el problema de cómo producir adaptación y conformismo en los sujetos cuando las recompensas son pequeñas y exiguas27Alberto Mayol. El derrumbe del modelo. La crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo. Op. Cit., p. 106.. El dilema, entonces, no es la existencia de malestar social en cuanto tal, algo que al fin cabo puede ser inevitable en toda sociedad, sino la gestión que se hace de dicho malestar. Ahí es donde, según Mayol, interviene el problema del relato y la cuestión de la legitimidad de las instituciones. Su esquema analítico obedece, por tanto, a un sistema de energías bastante simple: a mayor desigualdad e incremento de la deslegitimación de la cultura neoliberal del emprendimiento, mayor presión sobre la subjetividad hasta el «big bang».

El problema del planteamiento de Mayol reside en que no comprende la complejidad de la gubernamentalidad neoliberal, que excede con creces las características de un simple modelo económico. La crisis del modelo no se debe a una ausencia de un proyecto de sociedad28Ibid., p. 46. porque el neoliberalismo, sirviéndose de la lógica de la masacre y de diversos y contrapuestos dispositivos de poder, ha formalizado por completo a la sociedad chilena. Por eso, entre otros factores, el derrumbe anunciado por el sociólogo no se consuma nunca por completo, ya que eso supondría el colapso de un proyecto. El modelo no tiene que ver solamente con el culto al dinero, la acumulación o el consumo; tampoco consiste –como parece creer Peña– únicamente en la proliferación de lujosos centros comerciales (mall), la disponibilidad de tarjetas de crédito o mejores sueldos. Tanto Mayol como Peña focalizan en exceso sus análisis en las condiciones materiales de la existencia. Como si el malestar de los chilenos se redujese solo a no tener una televisión full HD, una casa con piscina o unas vacaciones en el verano. Hay un aspecto de la cotidianeidad de la vida que los dos autores son incapaces de observar, ya sea desde el sillón rectoral o desde el trabajo estadístico de las encuestas.

Para entenderlo resulta preciso haber experimentado en algún grado la miseria de la vida en Chile. Rojas lo ha explicado de un modo que comparto por completo: «(…) la discriminación [lo que hemos llamado abuso] no es un hecho material y objetivamente verificable, sino que tiene que ver con procesos subjetivos que se viven cotidianamente (expresiones verbales, miradas, gestos; la vigilancia del guardia en el supermercado, ser mal atendido en una oficina pública, etcétera)»29Sergio Rojas. ¿Qué hacer con la memoria de “octubre”? Op. Cit., p. 92.. Se trata de lo que le pasa al sujeto que transita por las atmosferas existenciales diseñadas por los dispositivos neoliberales. Para comprenderlo hay que haber perdido horas de la vida apretujado en las micros de Santiago. Es necesario haber discutido con la comercial de una farmacia por venderle a una anciana un medicamento de marca y no ofrecerle el genérico diez veces más barato. Tienes que haber visto cómo un vendedor cambia de actitud con sus clientes en función del modo en que estos visten o por el color de sus cabellos. Estas son manifestaciones de una vida dañada que perfectamente pueden coexistir con la satisfacción de necesidades materiales básicas que tanto celebra Carlos Peña.

La versión radicalizada del neoliberalismo que la masacre introdujo en Chile se ha traducido en un medio enrarecido que aplasta las existencias. No hay serenidad alguna para la vida cuando cada día debes ganarte la posibilidad de subsistir en un contexto donde proliferan por todas partes las incertidumbres: la precariedad del trabajo, el temor a padecer una enfermedad catastrófica y endeudarse, las dudas sobre la pensión que tendré en la vejez, etcétera. Pero, sobre todo, no hay dignidad porque la existencia queda atrapada en la única tarea de la sobrevivencia. Como escribió Raoul Vaneigem: sobrevivir nos ha venido impidiendo vivir. La vida sujetada a su pura materialidad reproductiva es una existencia miserable porque se experimenta, además, desde el estricto encapsulamiento del individuo. Nadie concede certezas ni auxilia al otro en esta sociedad salvaje de mónadas aisladas en sus particulares deseos o sufrimientos. El sujeto neoliberal chileno se halla arrojado a una extrema soledad que explica el paroxismo con que asiste a esos momentos fugaces de fusión con el otro, ya sea en la revuelta de la plaza o durante el partido de fútbol.

Sin embargo, lo que más se expresa en esta cotidianeidad degradada guarda relación con el miedo. Temor al empresario, al vecino, al delincuente, al policía, al narcotraficante o al político; un terror que además surge a diario desde las pantallas televisivas. El miedo prolifera en el Chile masacrado. Se respira en el día a día de una existencia amenazada por carecer de suficiente dinero para llegar a fin de mes; emerge de la necesidad de endeudarse para casi todo (incluso para una compra en el supermercado); está en los innumerables gestos de abuso, autoritarismo y verticalidad que te encuentras por las calles. El miedo siempre está ahí, aunque sus formas de materializarse vayan cambiando. Ahora, en su configuración neoliberal, aparece ligado al imperativo de conservación del individuo en medio de la competencia y la precariedad. Como señala Oyarzún, este sería « (…) un nuevo tipo de miedo (…) no menos sensible que aquel otro, intenso, corrosivo, lacerante, que imperaba en los tiempos de la dictadura: precisamente como si (o porque) el combustible principal del sistema fuese (es) el miedo»30Pablo Oyarzún. «El país donde no pasa(ba) nada». Op. Cit., p. 65.. El verdadero modelo chileno, no aquel que estudia Mayol, opera a partir de la ecuación entre miedo y seguridad porque la intensificación del primero incrementa las lógicas y procedimientos del segundo. La inquietud, la alarma o el temor se multiplican entre la población como una carcoma que corroe toda estabilidad haciendo que la «ansiedad de mantenerse seguros sea un resorte psicosocial internalizado»31Idem.. He aquí la más importante línea de continuidad entre el terror a la dictadura, los miedos cotidianos del neoliberalismo y el temor al desorden social que explica el reciente éxito de la extrema derecha en Chile. En este sentido, no hay derrumbe sino ascenso del modelo.

Por todo lo anterior, afirmar que durante el estallido social de octubre de 2019 «Chile despertó» implica decir muy poco. En realidad, Chile perdió el miedo por un momento, como lo refleja la frase que se escuchó durante la revuelta en diversas versiones y que circula hoy en día por el mundo: «Nos quitaron tanto que hasta nos quitaron el miedo». La sentencia identifica correctamente la procedencia sensible del malestar, el lugar material en donde anclan los rendimientos de los dispositivos neoliberales. Aterrorizan y dañan los cuerpos en la misma medida que pretenden seducirlos y resignarlos a la tiranía del individualismo. Pero lo que se libera del miedo no puede ser más que ambiguo y confuso. Por eso no se organiza en demandas o propuestas que puedan ser articuladas de algún modo siguiendo la lógica laclauniana de la construcción populista. Aquí la teoría de la hegemonía muestra sus límites porque la revuelta chilena no produjo equivalencias, fue pura acción y expresión sensible y fugaz de un tiempo sin miedo.

Sin embargo, cuando el miedo hace mella en la subjetividad este puede ser desplazado por un instante y aun así no desaparecer. Comenté más arriba que lo complejo no está en comprender el estallido sino en descifrar su contención. ¿Cómo fue posible que la subjetividad soportará el abuso cotidiano que involucra el modo de vida neoliberal? ¿Cómo puede ser que ahora lo siga soportando? La respuesta tiene que ver con que el miedo no se disipa y que tanto antes como después de la revuelta constituye el principal contenido estratégico de las tecnologías de poder neoliberales. Así lo evidencia el proceso de legitimación del orden que se produjo a través del incremento de la percepción sobre un supuesto estado de desgobierno generalizado y mediante una espectacularización de la violencia. Ambos factores explican tanto el triunfo del rechazo del 04 de septiembre de 2022 como el desplazamiento acelerado del electorado a favor de la extrema derecha. Se consiguió conectar las propuestas de la convención constitucional con el temor a un advenimiento del caos en un relato que recuerda las diatribas de Pinochet sobre la amenaza y el peligro de la izquierda radical. La utópica refundación de Chile se leyó como la puerta de entrada a una eventual anarquía y la continuación diaria de las protestas terminó siendo apreciada menos como una válvula de escape y más como otro factor que añadir a la incertidumbre cotidiana. Poco importa que esa seguridad a la que los chilenos se aferran sea una ficción porque lo imaginario sigue cumpliendo su rol primario. Para no perderse en la profundidad del miedo, la subjetividad opta por agarrarse a un orden que en realidad se hunde. O, parafraseando a Nietzsche, el individuo prefiriere querer la nada que no querer.

Esto que expongo no significa ser un adversario de la revuelta o haber estado en contra de ella. Algunos intelectuales chilenos que no saben leer con calma me lo han reprochado a partir de una singular interpretación de una serie de textos que he publicado en Disenso entre 2021 y 202232La serie de textos es la siguiente: «El neoliberalismo no nace ni muere en Chile». Disenso,  02 de noviembre de 2021 (https://revistadisenso.com/rodrigo-castro-neoliberalismo/); «Sigue ganando el neoliberalismo. Breve historia del triunfo de la extrema derecha en Chile». Disenso, 23 de noviembre de 2021  (https://revistadisenso.com/castro-orellana-neoliberalismo/ ); «El coraje de gobernar. Boric y la izquierda chilena en la encrucijada neoliberal». Disenso, 21 de diciembre de 2021 ( https://revistadisenso.com/el-coraje-de-gobernar/ ); «En defensa de un lento Boric. El neoliberalismo no nace ni muere en Chile- 4ª Parte». Disenso, 11 de marzo de 2022 ( https://revistadisenso.com/lento-boric/  ); «Hundirnos cuando podemos volar. La nueva constitución y el engaño de la opción rechazo». Disenso, 19 de julio de 2022 (https://revistadisenso.com/hundirnos-cuando-podemos-volar/); «Cuando despertaron, Pinochet todavía estaba allí. Autopsia del triunfo del rechazo», Disenso, 06 de septiembre de 2022, ( https://revistadisenso.com/autopsia-del-triunfo/ ).. Pero mi problema en ningún caso ha sido el hecho mismo de la revuelta sino el discurso que insiste en atribuirle connotaciones destituyentes, que le asigna la potencia de suspender el tiempo histórico o una fuerza revocatoria de los signos del capital. Me opongo a estas expresiones emotivas porque considero que la única praxis destituyente empíricamente acreditada es aquella que despliegan los dispositivos neoliberales. Hay que entender que la singularidad paradójica del neoliberalismo chileno reside en que promueve un proyecto de sociedad que se nutre de infinitos procesos destituyentes:  destitución de la soberanía popular y, por ende, de la democracia; degradación de toda institución en que pueda encarnar algún sentido de lo público; suspensión aterradora de cualquier certeza que tenga que ver con el futuro; revocación de todo lazo de solidaridad, etcétera. De tal manera que celebrar la revuelta como potencia destituyente significa permanecer en el orden negativo al que nos pretende condenar la masacre neoliberal.

Sería conveniente abandonar esta religión del Dios destituyente en un país que no ha conocido jamás un efectivo Estado de bienestar y que demanda, por tanto, una intelectualidad crítica capaz de movilizar acciones constituyentes en todos los ámbitos de la sociedad, la política y la cultura que se opongan a la deflagración neoliberal. Ciertamente, resulta más sencillo ejercer un sacerdocio en medio de la grieta que rompe el continuum de la historia, mirar desde esa distancia, por ejemplo, lo que fue la convención constitucional y calificarla de «producción progresista» o «nuevo orden portaliano» cuando ha sido lo poco que teníamos para dar un pequeño paso en otra dirección. Deduzco que los que así piensan en realidad no se deben considerar intelectuales de izquierda (aunque así se les llame) y que después del rechazo viajarán cómodos en el tren descarrilado llamado Chile.

Ciertamente los cincuenta años del golpe de Estado encuentran al país con muy pocos sueños y mucha resignación. Ya nadie confía, por ejemplo, en que la presidencia de Boric pueda tener algún desenlace positivo y cada día crece el fantasma de que en el futuro cercano llegarán nuevamente a La Moneda aquellos que apoyaron y defendieron a la dictadura. La idea de que en verdad no es posible otra vida más que la miserable existencia que se confirma a diario parece entonces arraigarse con fuerza en las conciencias y los cuerpos. La masacre prosigue su tarea sin fin inoculando miedo en la sociedad e intensificando la pulsión irrefrenable hacia la seguridad. Pero en la misma medida que no desaparece el miedo tampoco se borra esa cotidianeidad siniestra en que la vida se halla reducida a pura conservación. Quizás esto último sea el callejón sin salida del neoliberalismo, la zona en que la imposibilidad de la supervivencia esboce alguna alternativa. Mientras tanto las revueltas volverán una y otra vez porque Chile no ha despertado de la pesadilla que comenzó un día 11 de septiembre.


Imagen de portada, Luis Poirot, Palacio de La Moneda, Septiembre 1973. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

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